Al mismo tiempo, en un comunicado divulgado este viernes, reiteraron la hermandad entre Colombia y el país centroamericano.
Calificaron de éxito el resultado de este diferendo y saludaron «la actitud patriótica del gobierno democrático de Gustavo Petro y Francia Márquez», y del equipo jurídico que cubrió la defensa de la integridad territorial del país.
«Tras el fallo, es momento de revisar la política de fronteras en el Caribe, con base en los fallos de la CIJ y que tenga como objetivo la defensa de los derechos de las comunidades raizales del archipiélago colombiano», manifestaron.
Eso requiere de un diálogo constructivo con Nicaragua desprovisto de prejuzgamientos que fortalezca la cooperación y la integración entre ambos pueblos y que permita impulsar entre los dos Estados una política para el Caribe independiente, soberana y lejos de toda subordinación a la geopolítica imperial y afiance a América Latina y el Caribe como una región paz, explicaron.
El pasado día 13, la presidenta del principal órgano judicial de la ONU, la jueza Joan Donoghue, señaló que Nicaragua «no tiene derecho a una línea extendida dentro de las 200 millas» marinas contadas desde la línea de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial.
Nicaragua reclamaba delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos sobre el lecho y el subsuelo marinos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, pero esa extensión supondría una superposición con la plataforma continental de Colombia en el archipiélago de San Andrés.
En 2001, el país centroamericano presentó una demanda ante la CIJ la cual fue resuelta en 2012 cuando esa instancia le otorgó unos 75 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe, pero ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago.
Colombia se negó a acatar la sentencia e incluso denunció el Pacto de Bogotá y, en respuesta, Nicaragua volvió a demandar a su vecino en 2013, ante la CIJ para exigir que esta nación dejara de violar los espacios marítimos.
Colombia contrademandó a Managua por supuestamente afectar la vida de la población raizal que vive de la pesca artesanal en estos territorios.
En abril del 2022, la CIJ dictaminó que «Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua», consideró entonces la Corte.
Ayer, Petro manifestó estar abierto al diálogo con su par nicaragüense, Daniel Ortega, sobre los derechos de las comunidades raizales que pescan en aguas de Nicaragua en el Caribe.
