Telefónica de España, un expolio a la vista

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Con los 5.000 trabajadores que se eliminan ya serán 16.000 los que Álvarez-Pallete podrá presentar en su haber ante los verdaderos dueños de la empresa

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Teresa Rodríguez Celador*.— El lunes 4 de diciembre, la dirección de Telefónica de España anunció la destrucción de 5.000 empleos, alcanzando una cantidad cercana de 60.000 en los últimos 25 años cuando los gobiernos de Felipe González y José María Aznar culminaron la privatización de la empresa.

El anuncio se presentó cuando justamente la empresa cumple 100 años y el proceso de desmantelamiento ya está dando sus últimos coletazos. Sin embargo, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras venden su fuerza de trabajo de forma precaria en multitud de empresas contratadas y subcontratadas en un sector, el de las telecomunicaciones, que continúa obteniendo beneficios económicos de récord.

Telefónica fue empresa estatal y en todos los pueblos y ciudades obtuvo terrenos cedidos por el Estado. Las inversiones se realizaron a partir de los impuestos que la clase trabajadora aportaba al erario público y se mantuvo con el esfuerzo y dedicación de sus trabajadores y trabajadoras para facilitar un servicio universal y de calidad en el sector de las telecomunicaciones.

La entrada de España en la Unión Europa estuvo precedida de la exigencia del fin de las empresas estatales con la patraña de las ventajas del libre comercio y la regulación del mercado a través de la oferta y la demanda. Pero lo que realmente se pretendía era acabar con estas empresas para hacerse con sus beneficios, acabando paulatinamente con las plantillas fijas para pasar a que el servicio fuera prestado, cada vez en mayor medida, por contratas y subcontratas, que tienen a sus trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias con salarios de miseria y sin derechos laborales, sociales y de Seguridad y Salud.

En ese proceso se destruyó el tejido productivo del país restringiendo su Economía al sector terciario. A cambio comenzó a recibir los fondos europeos orientados a financiar la transición hacia una estructura económica basada en la oferta de bienes de consumo y servicios. Pero en esta lucha por los mercados se encontró con sus socios europeos y la inversión se antojó necesaria dirigirla hacia América Latina.

Las multinacionales españolas, entre ellas Telefónica, acapararon en esos años parte del patrimonio y los servicios públicos latinoamericanos, rematados a precios de saldo. Los años 90 se caracterizaron por la ofensiva desnacionalizadora que pretendía reducir la deuda externa latinoamericana a base de privatizaciones y exportaciones mientras se minimizaba el gasto social.

Pero desde hace unos años el proceso se ha revertido. Recogidos los beneficios de las filiales latinoamericanas solo cabía recoger velas e ir abandonando la actividad para terciarizarla, con sus graves repercusiones en los derechos laborales y en la calidad de la prestación del servicio. En España, ya en 2008, conocimos los planes de la empresa que pretendía reducir su plantilla a 1000 trabajadores/as y que cientos de empresas orbitaran alrededor de la matriz. Fue la lucha de la plantilla, encabezada y organizada por Alternativa Sindical de Trabajadores, la que logró parar estos planes a costa del despido y las sanciones muy graves de delegados y delegadas del sindicato.

Más de 35 años después, y a pesar de que el sector se ha desarrollado enormemente, en esta empresa solo se observa un saqueo inmoral de todo lo que constituyó una empresa pública, desde la red de cobre hasta las grandes inversiones en fibra óptica, además de los locales y edificios, antenas de telefonía móvil y cable submarino. Todo ello con una mínima plantilla fija, que ahora pretenden liquidar, y más de 100.000 puestos de trabajo precario.

A la cabeza de este expolio están sus últimos presidentes del Consejo de Administración, sobre todo César Alierta y José María Álvarez-Pallete, auténticos testaferros de los fondos buitre que han ido tomando el accionariado de la empresa. El último de ellos, Saudí Telecom (STC), que en el mes de setiembre adquirió el 9,9% de las acciones y que está controlado por el Fondo Soberano Saudí convirtiéndose en el mayor accionista de la empresa. Una adquisición preocupante para la clase trabajadora conocedora de que las petromonarquías árabes han acumulado su riqueza en base a la explotación de la clase obrera de sus países y a un sistema político esclavista medieval, donde se ignoran los derechos de las mujeres, se condena a muerte a miembros del colectivo LGTBI o se subvenciona la intervención militar colaborando con el imperialismo. Regímenes fascistas que han explotado los recursos naturales de su territorio en beneficio propio, mientras sus pueblos morían de hambre.

STC se suma a la presencia de BlackRock, otro fondo de inversión. Y ningún fondo de inversión entra en el capital de una empresa para invertir en ella sino para exprimirla cada vez más, trocearla y, posteriormente, revenderla al mejor postor. Conseguir rápidos beneficios significa reducir costes laborales y por tanto derechos salariales, sociales, de Salud Laboral y hasta de empleo, una mala noticia para la clase trabajadora.

Con los 5.000 trabajadores que se eliminan ya serán 16.000 los que Álvarez-Pallete podrá presentar en su haber ante los verdaderos dueños de la empresa. Esta vez con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) cuando hasta ahora había utilizado una medida sui géneris llamada Plan de Suspensión Individual (PSI). En estos momentos hay otros tantos trabajadores y trabajadoras que abandonaron la empresa con un salario en torno al 65% congelado hasta la fecha de su jubilación. Una situación que se antoja complicada dada la dirección que tomó la empresa para ir destruyendo los empleos fijos y una legislación en materia de pensiones bastante inestable.

Pero se trate de un ERE o un PSI, este plan continúa la lógica de liquidación de la plantilla fija, llevar la actividad a la precariedad y obtener más beneficios para repartirse entre los de siempre, los grandes capitales representantes de un sistema depredador que nos explota. Lo que se ha realizado en Telefónica es un expolio en toda regla que, además del escándalo que supone, viene a ahondar en el robo sistemático pergeñado por las grandes multinacionales y que tiene como objeto a la clase trabajadora y a las capas más humildes de la sociedad.

Porque la actividad en el sector de las telecomunicaciones seguirá creciendo, pero la realizarán trabajadores y trabajadoras de las contratas, las subcontratas o autónomos/as con salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional. Profesionales que cotizarán mínimamente a la Seguridad Social acentuando el riesgo para la prestación de servicios públicos y el futuro de nuestras pensiones. A la par, surgirán de nuevo quienes se lo han llevado crudo para presentarse como salvapatrias con sus planes privados de pensiones, su Sanidad o Educación privada, sus residencias de mayores concertadas, sus empresas de cuidados… aduciendo las maldades y la inviabilidad de todo lo que suena a público. Toda una gran mentira organizada para saquear lo público al tiempo que abaratan los costes laborales y eliminan los derechos adquiridos.

El estrangulamiento de nuestros intereses como trabajadores y trabajadoras en defensa de lo público y de condiciones laborales dignas es más que evidente. Y Telefónica es un ejemplo más de lo que ha sucedido en las empresas públicas y en los planes de futuro para privatizar lo que todavía queda.

La pasividad de una parte de la representación sindical en la empresa y el apoyo remunerado de otras, está permitiendo a la dirección seguir adelante con esta barbarie. Y, lamentablemente, cuentan con el aplauso de buena parte de la plantilla a la que esos “agentes sociales”, apoyados por los medios de comunicación del sistema, están logrando convencer de las bondades de irse con el 65% de su salario congelado, abandonando su puesto de trabajo y permitiendo que la actividad sea transferida a trabajadoras y trabajadores en precario. La nula formación para actualizarse a las nuevas tecnologías, los traslados caprichosos o el cierre de centros de trabajo alejándonos de nuestros domicilios, la aplicación indiscriminada del régimen disciplinario, condiciones laborales pactadas en convenio cada vez más agresivas… son herramientas más para inducir a los más remisos a abandonar la empresa.

Porque nada de esto hubiera sido posible sin el sometimiento de los sindicatos CCOO y UGT en la negociación de los Convenios Colectivos. El nuevo ERE estará enmarcado y legitimado en el III Convenio de Empresas Vinculadas. Esta es la razón de la existencia de estos agentes sociales, generosamente subvencionados por la empresa a través de su participación en una empresa que gestiona el Plan Privado de Empresa llamado Fonditel y que en sus 30 años de existencia ya les ha reportado entre 20 y 25 millones de euros para cada uno. Como cualquiera lo puede entender, nadie va a morder la mano de quien le da de comer. Y abre el debate sobre la legitimidad de unos representantes que incluso estarían cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo. Según la OIT, el sindicalismo amarillo tenía como objetivo “la reconciliación de clases y la colaboración entre trabajadores/as y patronos unidos por una inseparable comunidad de intereses”. La formación de este tipo de sindicatos está expresamente prohibida y en su Artículo 2 considera “actos de injerencia aquellas medidas que tiendan a sostener económicamente organizaciones de trabajadores con objeto de colocar a estas organizaciones bajo el control de un empleador”. De manual.

La puesta en escena es clara. CCOO y UGT son los encargados convenio tras convenio, no solo de empeorar las condiciones laborales de la plantilla quitándoles derechos, sino también de dar carta blanca a la empresa para jibarizarla, presionando cada vez más a sus trabajadores y trabajadoras para empujarles al abismo de una salida “voluntaria” y “salvadora”. Tan asumido tienen su papel que son los encargados de anunciar en las asambleas los planes de la empresa, haciendo de auténticos portavoces del patrón con la pretensión de dar vaselina y hacer tragar ruedas de molino con las supuestas bondades de abandonar un puesto de trabajo perdiendo una tercera parte del salario y una jubilación lejana en el tiempo.

Esta es la crónica de la muerte anunciada de Telefónica y que marcará el futuro de las empresas estatales expoliadas por las multinacionales privadas. Pero no podemos quedarnos callados. Desde nuestro sindicato, Alternativa Sindical de Clase, vamos a plantear a la plantilla que haga oídos sordos a estos cantos de sirena y que iniciemos movilizaciones en defensa de nuestros puestos de trabajo, en defensa de lo público, en defensa de condiciones laborales dignas y de un servicio universal y de calidad. Planteando alternativas a la destrucción de empleo como son los contratos de relevo que garanticen la existencia de la empresa y el acceso a empleos dignos de los más jóvenes con las conquistas logradas por las trabajadoras y trabajadores que nos precedieron. Desenmascarando al Consejo de Administración, a sus sindicatos y a sus medios de comunicación que tratan de tildar a la plantilla de privilegiados y a la empresa de una magnanimidad sin límites. Haciendo un verdadero sindicalismo de clase que ponga en primera línea la defensa y el avance en nuestras condiciones laborales.a

* Secretaria General de Alternativa Sindical de Clase

Fuente: lahaine.org

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