Caracas, 29-01-2024 (Redacción TP).- El Buró Político del del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), se pronunció este lunes 29 de enero sobre las más recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia a propósito de los denominados Acuerdos de Barbados.
A continuación, reproducimos la declaración dada, bajo la vocería del dirigente comunista Yul Jabour:
El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), electo en el XVI Congreso Nacional, realizado en noviembre de 2022, se pronuncia sobre los más recientes acontecimientos políticos nacionales e internacionales, entre ellos los vinculados a los denominados Acuerdos de Barbados:
El PCV ratifica su posición sobre el contenido de esos acuerdos, que expresan los intereses políticos, económicos y sociales de las diferentes fracciones de la burguesía que hoy se disputan el poder en nuestro país; intereses que son antagónicos a los del pueblo trabajador de la ciudad y el campo y que se imponen a través de los poderes e instituciones del Estado venezolano.
Los Acuerdos de Barbados son la continuidad de las negociaciones que en varios momentos (Santo Domingo, Ciudad de México, Bogotá, París) han realizado las distintas fracciones de la burguesía (la que está en el Gobierno y las oposiciones de derecha) a través de la aprobación de leyes y decretos que favorecen al capital nacional y trasnacional, como el decreto sobre el Arco Minero, la denominada “ley antibloqueo”, el llamado “programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad”, el Memorándum-circular 2792, la ley de Zonas Económicas Especiales, el instructivo Onapre, entre otros, que convierten al territorio venezolano en un nuevo enclave para la explotación del capital.
La política económica del Gobierno, que afecta gravemente a los trabajadores, ha llevado al congelamiento de salarios y pensiones desde marzo de 2022; la bonificación del 97% del ingreso de los trabajadores, que no tiene incidencia en vacaciones, aguinaldos, jubilaciones y prestaciones sociales; sin que estos problemas sean de interés para las partes de dichos acuerdos.
Ha sido tal el nivel de cinismo y desfachatez de altos funcionarios del Gobierno-PSUV que han salido a justificar públicamente la desaparición del salario, asegurando que es en beneficio de los trabajadores. Tal es el caso del ministro del Trabajo que afirma que un aumento salarial sería perjudicial para la familia trabajadora, porque históricamente los empresarios han incrementado los precios de los productos ante los aumentos salariales. Pero esto lo que deja en evidencia el carácter de clase de quienes gobiernan, que no les permite desarrollar una política integral en defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador.
Los Acuerdos de Barbados también han implicado la restauración de la “tripartita” que hoy agrupa al Gobierno, a Fedecámaras y cúpulas sindicaleras propatronales, excluyendo a centrales sindicales autónomas y clasistas como la CUTV, para impedir que haya una voz en favor de las verdaderas reivindicaciones de la clase trabajadora.
También estos Acuerdos han servido de paraguas a una política de criminalización y judicialización de las justas luchas de las y los trabajadores por reivindicaciones laborales; violación del derecho a la organización y libertad sindical, no solo al impedir el registro de las organizaciones ante el Ministerio del Trabajo, sino por el amedrentamiento, amenazas, persecución y hasta detención arbitraria e incluso desaparición forzada temporal de dirigentes sindicales y activistas del movimiento obrero.
Hoy se cumplen 12 días desde la detención arbitraria y desaparición forzada del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, seccional Barinas (Fenatev-Barinas), Víctor Venegas, quien fue parte de las masivas movilizaciones del magisterio que se registraron durante las dos primeras semanas del año para exigir indexación de salarios y pensiones a la canasta básica, así como la discusión de la contratación colectiva del gremio.
También estamos a pocos días de cumplirse ocho meses de la detención de los dirigentes Leonardo Azócar y Daniel Romero, trabajadores de Sidor, quienes protagonizaron multitudinarias protestas en demanda de la restitución de derechos conculcados por la patronal pública.
Igualmente, debemos señalar que con ese pacto se trata de reemplazar los principios fundamentales del estado de derecho, consagrados en la Constitución y en nuestras leyes, por acuerdos que justifican la impunidad imperante para los actores de esas cúpulas, mientras que las corrientes populares y revolucionarias, expresadas en sus distintas organizaciones políticas y sociales, son criminalizadas para su posterior intervención, judicialización y/o encarcelamiento de sus activistas.
En el caso específico de las inhabilitaciones, el Gobierno-PSUV las ha utilizado según el interés político que le convenga para neutralizar actores que representen una posible amenaza a su control abusivo del poder.
Las posiciones conciliatorias del Gobierno-PSUV con sectores de la derecha proimperialista y el Gobierno de Estados Unidos, han conllevado a que factores políticos que han infringido flagrantemente la Constitución y las leyes, como es el caso de Juan Guaidó, María Corina Machado, entre otros, se mantengan actuando al margen de la ley, sin que respondan por sus acciones para promover una intervención militar extranjera en Venezuela; el saqueo de activos de la nación; la usurpación de funciones; la apropiación indebida de recursos del Estado venezolano, entre otros graves delitos.
Esa situación que no se atendió oportunamente por parte de los organismos del Estado, hoy se pretende resolver con el uso discrecional de la figura de las inhabilitaciones administrativas, cuando la responsabilidad de estos actores es mucho mayor ante el país. Una verdadera conducta ajustada a las leyes debió enjuiciar a estos señores y haber determinado las sanciones penales correspondientes.
Este manto de impunidad también encubre a funcionarios de la cúpula del Gobierno-PSUV que han ejercido altos cargos; como es el caso de la trama de corrupción de Pdvsa, donde deben ser investigados por su condición de presidentes de la estatal petrolera, los ciudadanos Asdrúbal Chávez, Manuel Quevedo y Tareck El Aissami, de quien no se conoce siquiera su paradero.
Por otra parte, el Buró Político del PCV fija posición en torno a las recientes denuncias de intento de magnicidio y conspiraciones. Condenamos cualquier acción que ponga en riesgo la vida del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros y la de cualquier otro funcionario del Estado. Frente a esta denuncia, demandamos que se realicen investigaciones transparentes, apegadas al debido proceso y con garantías del pleno ejercicio de los derechos humanos, tal y como lo establece la Constitución.
El PCV demanda el respeto a los derechos políticos, sociales y económicos de la clase trabajadora y el pueblo venezolano; el cumplimiento de la Constitución y las leyes; la restitución del estado de derecho que garantice el acceso a la justicia para todos los sectores del pueblo y especialmente, para las y los trabajadores.
El PCV seguirá acompañado las luchas obreras, campesinas y populares; seguiremos trabajando por el reagrupamiento de las fuerzas para que nuestro pueblo tenga una alternativa genuinamente democrática, popular y antiimperialista para hacer frente a los dos polos de la catástrofe nacional.
Solidaridad con Palestina
En otro orden de ideas, el Buró Político del PCV reitera su solidaridad con las luchas del pueblo palestino que ha resistido el brutal genocidio del Estado sionista de Israel, que ha sido recientemente emplazado por la Corte Internacional de Justicia – a solicitud del Gobierno de Sudáfrica- a cumplir un conjunto de medidas como el cese inmediato del fuego; reabrir corredores humanitarios para la entrada de ayuda a las víctimas; la liberación de rehenes, entre otras.
Durante los primeros 100 días de esta nueva escalada genocida contra el pueblo palestino se ha registrado, de acuerdo a datos oficiales: más de 21 mil palestinos asesinados ; 70% de ellos mujeres y niños. Más de 57 mil heridos. Más de 600 familias exterminadas. 85% de la población de Gaza desplazada a la fuerza y 60% de las residencias destruidas. Además, 311 trabajadores de la salud y 56 periodistas han sido asesinados.
