El gobierno mexicano ha presentado una solicitud formal para participar en los procedimientos relacionados con el caso contra Israel iniciado el año pasado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) debido al genocidio sionista de la población palestina.
Así como México, Nicaragua, Colombia y Libia también han solicitado ser partes del caso. El 26 de enero, como parte de la solicitud de medidas provisionales por parte de Sudáfrica, la CIJ ordenó “tomar todas las medidas posibles” para prevenir actos relacionados con genocidio durante sus acciones militares contra Hamás en Gaza.
La iniciativa de Sudáfrica, presentada en enero, acusa a Israel de cometer genocidio en Gaza, donde el conflicto ha cobrado la vida de más de 35 mil personas, en su mayoría mujeres y niños, según las autoridades palestinas.
Egipto anunció formalmente su intención de unirse al caso liderado por Sudáfrica, citando la escalada de la agresión israelí contra civiles palestinos como motivo principal. Este movimiento se suma a los esfuerzos de Turquía, que también ha expresado su intención de unirse a la acción legal contra Israel en la CIJ.
Según el artículo 63 del Estatuto de la CIJ, cualquier país que forme parte de alguna convención puede participar en los procedimientos que se lleven a cabo dentro de ella, como ocurre con México que está adscrito a la Convención para la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio.
La declaración de intervención, presentada el 24 de mayo de 2024, dice que México tiene el compromiso de contribuir con su perspectiva sobre la interpretación de disposiciones relevantes de la Convención sobre el Genocidio.
Según detalló el Gobierno a través de su solicitud ante la CIJ, México “busca intervenir para proveer su punto de vista en la construcción potencial del contenido en las provisiones de la convención relacionadas con el caso”.
En su solicitud, México establece su postura con respecto a que, por ejemplo, como parte de las violaciones a la convención contra el genocidio, se encuentra la destrucción de bienes culturales y el impedimento al acceso de ayuda humanitaria al causar de forma directa inanición.
La CIJ, establecida en 1945 como el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, sirve para resolver disputas legales entre Estados y ofrecer opiniones consultivas sobre asuntos legales.
El Artículo 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece los procedimientos para la intervención de terceros en los casos que la Corte esté conociendo. En el caso de la Aplicación de la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, este artículo podría ser relevante si algún Estado u organización internacional quisiera intervenir en el caso.
El Artículo 63 establece que:
«Cuando la Corte considere que el caso involucra cuestiones de derecho internacional general, o que, por alguna otra razón, debería permitirse la intervención de uno o más Estados, este podrá invitar a cualquier Estado Miembro de las Naciones Unidas a que se presente, dentro de un plazo determinado, una solicitud de intervención.
La Corte decidirá, teniendo en cuenta la naturaleza del caso y las circunstancias del mismo, si admite o no la intervención, y en caso afirmativo, en qué condiciones.
Las partes en la controversia tendrán la oportunidad de expresar sus opiniones sobre la admisión de la solicitud de intervención y, en su caso, sobre las condiciones bajo las cuales debería permitirse la intervención.
Esencialmente, este artículo proporciona un marco para la intervención de terceros en casos ante la Corte Internacional de Justicia, permitiendo que Estados u organizaciones interesadas participen en el proceso cuando la Corte considere que es relevante.
