Familiares y allegados de militantes y activistas que fueron represaliados y asesinados durante aquellos años a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de la ultraderecha unen sus voces en un libro para recuperar su memoria.
Sufrir una injusticia y mirarse solo a uno mismo lleva al silencio, quizá a la derrota. Eso lo saben bien los integrantes del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), quienes desde hace unos años se agrupan y alzan la voz para clamar por la justicia y reparación que no encontraron hace décadas. Son familiares y allegados de las decenas de personas que en aquellos años fueron asesinadas en un contexto de dura represión de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o a manos de grupos ultraderechistas. “Esa época no fue modélica como tantos pregonan, está manchada de sangre”, gritan con sus testimonios una y otra vez.
Para inmortalizar sus relatos acaban de publicar Los olvidados de la Transición. Testimonios de un pasado sangriento (El Garaje y Fundación Federico Engels, 2025). A lo largo de casi 200 páginas, miembros del COT luchan por aplacar ese silencio que les ha sepultado durante tanto tiempo. Precisamente el Gobierno acaba de mandar al Congreso la nueva ley de secretos oficiales, que desclasifica automáticamente los documentos referidos a aquellos años. En el libro, además, aparece un sentido homenaje a uno de los impulsores del colectivo, Manuel Ruiz, fallecido en 2023 y hermano de Arturo, joven asesinado el 23 de enero de 1977 en Madrid por miembros de ultraderecha.
Ciertas historias empiezan a brotar de los cajones que tanto tiempo hace que no se abren, de las carpetas que nadie escuchó hablar de ellas, de las miradas que ahora comienzan a recordar, de las manos que tanto intentaron olvidar. Blanca con Jordi, Javier con José Luis, Mar con Yolanda y Juan Carlos con Vicente son apenas cuatro de ellas.
Primero, tiros. Luego, la explosión
Blanca comparte apellido con su tío Jordi Martínez de Foix. Ella tiene 51 años, él murió tras una explosión en un piso franco cuando tenía 21. Antes, este joven barcelonés y militante del Partido Comunista Internacional (PCI) había sufrido dos disparos por policías de paisano durante la manifestación de la Diada de 1977. “El recuerdo de la familia es que era muy fuerte, sano, no fumaba y le gustaba mucho la naturaleza y la montaña”, rememora su sobrina. Aquellos tiros, que le provocaron una decena de perforaciones en el intestino delgado, hicieron que no saliera del hospital hasta abril de 1978.
“La investigación se cerró porque los policías dijeron que habían abierto fuego para defenderse”, comenta con cierto pesar Blanca. Sin embargo, la historia de Jordi no había terminado. Él estaba al lado de Gustau Muñoz, su amigo y otro joven de 16 años militante del PCI cuando un disparo acabó con su vida el 1 de mayo de 1978. Su caso nunca se resolvió. Apenas 33 días después, el piso franco que utilizaba Jordi en la calle Lucena sufrió una explosión. Jordi murió.
Según Blanca, la madre del joven militante comunista no se llegó a creer la versión oficial de los hechos. El informe policial recogía que Jordi estaba manipulando un artefacto y explotó. “Mi abuela se coló en la casa con un amigo de la familia que era químico, recogieron muestras de las paredes y los análisis indicaban que había restos de algunos productos raramente utilizados en los artefactos caseros y sí ligados a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, recalca. No hubo investigación judicial. La familia nunca supo verdaderamente lo que ocurrió. “Pudo haber sido un accidente o puede que no. Lo importante es recordar lo que ocurrió para que no se olvide”, sentencia la sobrina.
Informaciones falsas tras el asesinato
Javier Montañés es el hermano de José Luis. Ahora tiene 61 años y vive en Menorca. Su hermano murió asesinado con 22 años. “Estudiaba sociología en la Universidad Complutense, tenía novia, trabajaba, y lo mataron”, comienza su relato. Sucedió el 12 de diciembre de 1979, cuando dos manifestaciones en contra de Ley de Autonomía Universitaria confluyeron en Embajadores, en Madrid. “Hubo altercados entre agentes y manifestantes. Llegaron a utilizar un autobús como barricada. De repente, apareció un jeep de la Policía y dispararon. Mataron a mi hermano y a Emilio Martínez”, relata el propio Javier.
Según subraya, José Luis murió desangrado. “La Policía vertió todo tipo de informaciones para engañar a la opinión pública. Incluso llevaron el jeep a la Casa de Campo y lo apedrearon para hacer ver qué gente como mi hermano les había atacado primero”, sostiene. Tal y como afirma, aquella vez fue la primera ocasión en que un juez imputó a varios policías como posibles autores del asesinato. “Hubo juicio, pero salieron todos absueltos”, prosigue Javier.
En su retina queda la imagen que vio con 15 años del cadáver de su hermano con un tiro en el cuello. “¿Cómo es posible que por manifestarte te pudieran matar y no hubiera responsables? Está claro que todo fue una farsa, un periodo muy triste de nuestra historia, sangriento y repleto de manipulación”, dice el hermano de José Luis. Por ahora, su cometido está centrado en dignificar su memoria. “Que la gente sepa que los pocos derechos que tenemos y nos intentan quitar ahora es gracias a la gente que se jugó la vida en las calles”, recalca.
Juzgado, huido y asalariado del Estado
Mar Noguerol estaba a punto de cumplir 20 años aquel febrero de 1980. Ahora tiene 65 años y esta médica de familia es la cara visible de la memoria de Yolanda González. Yolanda era una joven bilbaína de 19 años que estudiaba formación profesional en un instituto de Vallecas. Allí era conocida por ser una líder estudiantil. El 2 de febrero de ese año, militantes de Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar, la secuestraron y la asesinaron. Mar y ella eran compañeras de piso y militancia en el Partido Socialista de los Trabajadores. Nunca ha olvidado lo ocurrido.
El comando de ultraderechistas llegó a su vivienda, se la llevaron y, al poco, apareció muerta en un arcén de una carretera de Alcorcón. “Me llamaron de la Dirección General de Seguridad. Me preguntaron continuamente si su novio y yo pertenecíamos a ETA. Les respondimos que para nada. Pasado mucho rato me dijeron que Yolanda estaba muerta y que tenía que ir a reconocer el cadáver”, desarrolla Mar.
Detuvieron a los integrantes del comando de Fuerza Nueva. Juan Carlos Rodas, David Martínez Loza (en aquel momento Jefe Nacional de Seguridad de Fuerza Nueva), José Ricardo Prieto y Féliz Pérez Ajero acabaron condenados en su mayoría a algo más de seis años de prisión por allanamiento de morada y detención ilegal. Ignacio Abad Velázquez acabó también condenado por asesinato a más de 28 años.
Sin embargo, Emilio Hellín Moro terminó con una condena de más de 43 años por asesinato, allanamiento de morada, detención ilegal, depósito de armas de guerra, armas de defensa, municiones, tenencia de explosivos, falsificación de DNI y uso público de nombre supuesto. “Este hombre se intentó fugar una vez y no lo consiguió. Sí lo hizo en 1987. Se fue a Paraguay, donde el dictador Alfredo Stroessner le protegió”, recuerda Mar.
Extraditado a España en 1990 tras ser descubierto por un periodista de Interviú, en 2013 El País publicó que Hellín se había cambiado el nombre y trabajaba como perito informático para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. “Esta historia tiene que seguir viva en las nuevas generaciones. Que sepan lo que hizo la extrema derecha en este país”, subraya Mar.
Reparación antes que justicia
Juan Carlos Cuervo tiene ahora 59 años. Desde hace 45 su hermano Vicente está muerto. Tenía 21 años cuando murió asesinado el 10 de febrero de 1980, nueve días después del secuestro y asesinato de Yolanda. “Fuerza Nueva convocó un mitin en Vallecas con ánimo totalmente provocativo. Los vecinos se movilizaron y hubo disturbios. En una de esas carreras, mi hermano fue golpeado con cadenas de hierro por un ultraderechista”, ilustra el propio Juan Carlos.
Tras esconderse entre unos coches, un hombre le disparó. La bala le entró por la clavícula derecha y salió por el costado izquierdo. “Eso fue una ejecución”, sentencia el hermano de Vicente, anarquista, militante en la CNT y trabajador en Telefunken. Murió desangrado pocos minutos después. “Mi familia recibió amenazas por teléfono. El Gobernador civil le dijo a mi padre que le ofrecía trabajo para todos los hermanos que quedábamos, y por supuesto se negó a ello”, comenta.
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