En un comunicado, ATE precisó que sus miembros acudirán a las 17:00, hora local, al auditorio del Congreso de la Nación para expresar su respaldo a la iniciativa, impulsada por diputados de la alianza Unión por la Patria.

Los legisladores piden declarar el estado de emergencia en materia ocupacional hasta el 31 de diciembre de 2027 e implementar medidas para preservar los derechos de los asalariados del ámbito público y privado en todo el territorio nacional, sin importar su denominación, modalidad contractual o fecha de ingreso.

Desde ATE Capital acompañaremos el proyecto porque entendemos que la salida no es con mayor desocupación, y tal como expresa el proyecto de ley “la realidad demuestra que resulta indispensable resguardar eficazmente a las personas que trabajan”, señala el mensaje del sindicato.

El trabajo, bajo la forma social que lo conocemos, es un derecho esencial para toda persona, que le permite configurar su vida mediante la percepción de su salario. Al despojárselo, se agrede su dignidad humana en toda su dimensión. Evitar esto último, constituye el objetivo de esa norma, añade.

Entre los diputados que presentarán el proyecto se encuentran Hugo Yasky , Pablo Carro, Sergio Palazzo, Mario Manrique, Vanesa Siley, Blanca Osuna, Gabriela Pedrali, Hilda Aguirre, Lorena Pokoik, Julia Strada, Carlos Cisneros, Daniel Gollán, Natalia Zaracho, Daniel Castagneto y Juan Pedrini.

Desde la llegada a la Presidencia del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, en diciembre de 2023, decenas de miles de empleados de la administración pública nacional fueron despedidos en tanto varios organismos e instituciones fueron cerrados o intervenidos.

«Unidad de los trabajadores», clamaron los manifestantes al ingresar a la dependencia gubernamental.

Mientras en paralelo se desarrolla una protesta policial con un acampe frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, los trabajadores del área de salud expresaron su descontento por el acuerdo salarial aceptado por los gremios.

La gobernación, que conduce Hugo Passalacqua, ofreció el martes un aumento salarial del 28% que fue aceptado por los gremios de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Los trabajadores, que exigen una recomposición salarial del 100% en un país que en abril acumuló una inflación interanual de 289,4%, rechazaron esa oferta.

El conflicto amenaza con agravarse por un acuartelamiento policial por reclamos salariales en Posadas, que ha sido apoyado por docentes, estudiantes universitarios y personal de salud.

El 23 de mayo se cumplen seis días de protesta, la cual comenzó con un acampe del personal policial inactivo frente al Comando Radioeléctrico, en el centro de la ciudad, con el corte de las dos avenidas principales en cuya intersección se encuentra ese edificio y otros dos cortes en la Ruta Nacional 12, que conecta a las provincias litoraleñas con esta capital, además de ser una vía esencial para el transporte de bienes desde y hacia Brasil.

El Gobierno nacional que preside Javier Milei convocó un comité de crisis y envió unos 200 efectivos de las Fuerzas federales de Seguridad, pero los agentes, de Gendarmería, Prefectura y de la Policía Federal, decidieron finalmente no intervenir.

Los manifestantes rechazan el incremento salarial del 15% ofrecido por la gobernación, que igual sostiene que es la mejor propuesta que puede presentar.

A pocos metros del acampe policial, docentes armaron otro campamento para dar cuenta de la crisis que atraviesa el sector, a un día de la tercera huelga docente nacional convocada por los sindicatos desde que asumió la actual gestión, en diciembre.

El paro docente, que será de 24 horas, fue lanzado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y por los cuatro gremios adscritos a la principal central obrera del país, la Confederación General del Trabajo.