GAZA, PALESTINA (Sputnik) — El Ministerio de Exteriores de Palestina presentó los documentos de solicitud de adhesión a 22 convenciones y acuerdos internacionales, indica una declaración del ministro de Exteriores palestino, Riad Maliki, publicado en el sitio web de la entidad.
«La adhesión del Estado de Palestina a 22 acuerdos y organizaciones internacionales es una de nuestras herramientas más importantes al implementar el derecho internacional como medio para materializar los derechos legítimos del pueblo palestino», señala el comunicado.
Anteriormente medios de prensa informaron que la administración palestina tenía la intención de presentar estos documentos como respuesta a la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel.
Los documentos firmados por el líder palestino, Mahmud Abás, fueron entregados el jueves 28.
Según Maliki, la comunidad internacional «debe cumplir sus compromisos y obligar a Israel como parte invasora a respetar las resoluciones de la ONU y el derecho internacional».
El 25 de diciembre de 1978, después de meses de criminales hostigamientos y provocaciones en la frontera, los expansionistas vietnamitas, junto a una camarilla de traidores contra-revolucionarios, atacaron e invadieron Kampuchea Democrática.
Aunque el Ejercito Revolucionario de Kampuchea se enfrento heroicamente a los invasores, la superioridad tanto numérica como armamentística de Vietnam permitió a los invasores ocupar la capital Khmer el 7 de enero, instalado un régimen títere bajo la dirección del renegado Hemg Samrin.
Las unidades militares, mandos del gobierno, del partido y del estado de Kampuchea Democrática, bajo la dirección del camarada Pol Pot, se retiraron hacia el interior del país y sin dejar de combatir en ningún momento a los invasores iniciaron una guerra popular prolongada que duraría hasta 1999.
La revolución en Kampuchea Democrática fue demonizada por los invasores vietnamitas y sus jefes, los revisionistas soviéticos, volcaron todos sus medios de propaganda para desprestigiarla y con la colaboración de los norteamericanos y franceses tejieron un manto de patrañas de la realidad de la vigorosa revolución que había en Kampuchea.
Al margen de los estados y partidos revisionistas, fueron muchas las personas que fueron engañadas por la campaña revisionista y que ignorando los hechos, invasión, resistencia prolongada, validaron este criminal ataque a un pequeño país que transitaba, luego de una cruenta guerra de liberación contra los imperialistas yankees, por medio de una revolución de Nueva Democracia, hacia el socialismo.
En condiciones muy difíciles el heroico pueblo de Kampuchea haciendo un gran trabajo de reconstrucción logro, en un tiempo record, garantizar las cosechas de arroz necesarias para la alimentación del pueblo, extendiendo la sanidad y la educación a todo el pueblo y sus comunas populares.
Todo esto fue destruido por los invasores vietnamitas y sus lacayos del régimen títere, que fue depuesto por los acuerdos de paz de la ONU en 1991, por un gobierno monárquico presidido por el príncipe Sihanouk.
Hoy, 39 años despues, Kampuchea es un país colonizado por los expansionistas vietnamitas, con uno de los índices de pobrezas de Asia*, convertida en un burdel para pedófilos occidentales, mientras las multinacionales saquean impunemente sus riquezas naturales.
Hoy son muchos en Kampuchea los que añoran los heroicos días donde el pueblo Khmer se puso en pie para barrer a los imperialistas, explotadores y señores feudales, tomando en sus manos el destino.
¡Honor y Gloria a Kampuchea Democrática!
¡Honor y Gloria al Camarada Pol Pot!
¡Honor y Gloria al Partido Comunista de Kampuchea!
No se le conoció trabajo alguno, heredera de lo robado por su padre y madre, fue excelentemente tratada por los Borbones y los regentes económicos del país.
La hija de Franco ha pasado por la Transición con todos los honores, como no podía ser de otro modo en un sistema que no ha modificado más que las apariencias desde 1939 hasta aquí.
Un ejemplo de ello constituyen los análisis y comentarios que en la prensa del régimen se vuelcan sobre el personaje.
Una grande de España, de la misma que quita derechos a los trabajadores y los pueblos.
El Gobierno de Bolivia anunció este jueves instalará una mesa de diálogo apenas el gremio médico suspenda el paro indefinido y reanude los servicios de salud, informó el ministro de la Presidencia, René Martínez.
Moscú, SANA– El Viceministro de Defensa, el teniente general Alexander Fomin, confirmó que las fuerzas armadas sirias habían derrotado a las organizaciones terroristas en el territorio sirio con el apoyo de las fuerzas aéreas rusas.
En su reunión con la embajadora de Francia en Moscú, Sylvie Bermann, Fomin hizo una presentación sobre la evaluación de Rusia en torno a la situación en Siria y la iniciativa de celebrar del Congreso del Diálogo Nacional Sirio en Sochi, según dijo un funcionario del Ministerio de Defensa ruso.
En el mismno contexto, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa – el primer Viceministro de Defensa de Rusia, el general del ejército de Valery Gerasimov, destacó que la lucha contra los terroristas en Siria y vencerlos con la participación de las fuerzas armadas rusas ayudó a evitar su expansión por la región y en las ciudades rusas
“La guerra contra el terrorismo en Siria ha impedido su expansión y difusión en Rusia o a lo largo de sus fronteras,” dijo Gerasimov en una entrevista con el periódico ruso Krásnaya zvezdá.
Agregó que varios líderes terroristas habían recibido entrenamiento a manos de entrenadores de varios países del Medio Oriente y Occidente, asimismo señaló que más de 60,000 terroristas habían sido eliminados en Siria desde el comienzo de la operación militar rusa contra el terrorismo.
“El presidente ruso, Vladimir Putin, fue constantemente informado sobre el proceso de las operaciones contra los terroristas y sobre la dinámica de las operaciones de combate”, añadió.
La fuerza Aérea de Rusia comenzó el 30 de septiembre de 2015 una operación militar a petición del Estado sirio para apoyar los esfuerzos del Ejército Árabe Sirio en la lucha contra el terrorismo.
2017 se recordará como el año en que se erigió un auténtico muro entre conceptos como prensa y libertad. Los que lo levantaron no fueron los Gobiernos señalados por Occidente como «dictatoriales». Por el contrario, lo edificaron quienes se venden como máximos referentes de los valores democráticos.
Por fin, EEUU se quitó la máscara y sacó a la luz su desprecio a la libertad de prensa. Según Washington, un medio de comunicación puede calificarse como tal si se dedica a elogiar a Occidente y arremeter contra quienes son señalados como sus enemigos, sea Rusia o cualquier otro país. Y los que no siguen esta línea son «instrumentos de propaganda» y, por lo tanto, pueden ser maltratados, sin que nadie levante una ceja.
Los medios internacionales rusos como RT sufrieron en carne propia cómo funciona esto. Desde el más alto nivel de las autoridades norteamericanas, así como las de la Unión Europea, se llegó a los extremos de equiparar a ese canal televisivo con el grupo yihadista Daesh. Asimismo, RT fue presionado para que se registrara como agente extranjero en EEUU, y ello con el claro objetivo de complicarle la vida. Basta con mencionar que, paso seguido, el Congreso norteamericano cerró sus puertas a los periodistas de ese medio.
Sputnik tampoco es bienvenido en EEUU, que está aplicando medidas represivas contra entidades que difunden en suelo norteamericano el contenido que generamos. En la UE pasa lo mismo. Se puede recordar, en este sentido, la aprobación por el Parlamento comunitario de una resolución en la cual se habla del peligro que representan Sputnik y RT, acusados de llevar a cabo «la propaganda hostil» con el fin de debilitar y dividir la UE.
Los dos medios son machacados, además, por la prensa dominante.
Se dedican a «socavar las democracias occidentales y sus instituciones aglutinando a un público antisistema», escribió, por ejemplo, el periódico español El Confidencial, el cual insiste en que no son medios de comunicación, «sino de propaganda».
Asimismo, se aprovechó el proceso independentista catalán para aumentar los ataques contra los medios internacionales rusos, bajo el pretexto de su supuesta simpatía con los secesionistas, algo que nunca se confirmó.
Todo ello, no obstante, no logró acallar a Rusia, es decir, expulsarla del espacio mediático internacional. Lo demuestra, en particular, el continuo crecimiento del número de seguidores de las cuentas de Sputnik y RT en las redes sociales.
En paralelo, se está disminuyendo la confianza en la prensa dominante. El último sondeo realizado por encargo de Sputnik en EEUU es una de las numerosas pruebas de ello.
Se entrevistó a casi mil personas, invitadas a responder a la pregunta sobre la objetividad de los principales medios de comunicación de su país. Un 60% de los encuestados se mostraron convencidos de que la prensa nacional no es otra cosa que un instrumento de manipulación de parte de políticos y grandes empresas.
Estos datos no sorprenden a Fernando Martínez, analista internacional dominicano, quien dijo en entrevista con Radio Sputnik que la prensa dominante está en agonía, muestra de lo cual es que «hasta los mismos Gobiernos de Occidente» están atacando a medios alternativos como Sputnik y RT.
«¿Por qué ataca un animal? Porque tiene miedo. Por la misma razón se ataca a RT y Sputnik que con un poquito de dinero van ganando el protagonismo, porque están diciendo la verdad», indicó el analista.
Por su parte, el profesor español Julián Jiménez, experto en temas mediáticos, afirmó en conversación con nuestra emisora que en países de la Unión Europea «la inmensa mayoría de la gente» tampoco «tiene confianza en los medios de comunicación» y se da cuenta de que «la prensa está manipulada».
En este contexto, cabe señalar que entre los ciudadanos comunitarios los españoles son los que menos confianza tienen en la prensa de su país. Muestra de ello es un informe elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford. El estudio se realizó antes de la crisis catalana. Si se hace hoy, sin duda, se obtendrán unos datos incluso más duros para ese país, cuya prensa se desgastó mucho tratando de echar toda la culpa a Rusia, algo que una buena parte de los ciudadanos españoles consideraron una burla, dijo a nuestra emisora José Luis Orella, doctor en Historia y Derecho y profesor titular de la Universidad CEU San Pablo.
A su vez, el argentino Alberto Hutschenreuter, doctor en Relaciones Internacionales y profesor titular de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra Aérea, se mostró convencido en declaraciones a Radio Sputnik que «el mundo de predominancia de información atlántico-europea necesariamente tiene que ser pluralizado».
«Tenemos voces árabes, tenemos voces del Lejano Oriente, tenemos voces en Rusia, tenemos voces en América Latina, tenemos voces en EEUU, y me parece bien que estén todas las voces. Lo que me parece mal es que se vitupere a un medio porque presenta una visión distinta», resumió el experto.
Las embestidas del poderoso huracán Irma y las nuevas medidas del gobierno estadounidense para endurecer el bloqueo fueron algunos de los desafíos que enfrentó Cuba en 2017.
Andrés y Santiago Restrepo fueron torturados y desaparecidos en 1988 durante el gobierno de Febres Cordero. Años más tarde, en 1995, Daniel Tibi, ciudadano francés, quien trabajaba en Ecuador como comerciante de joyas fue detenido extrajudicialmente y torturado al interior de la Penitenciaria del Litoral. Estos casos al igual que el de “Los 11 de Putumayo”, o el de “Los Hermanos Jiménez” tienen algo en común: la detención arbitraria, los actos de tortura realizados por miembros de la Policía o el Ejército, y la impunidad en el sistema de justicia ecuatoriano.
Parecía que esta historia había quedado atrás, al menos así lo dijeron quienes estuvieron al mando del gobierno los últimos diez años. Pero no fue así. Dos casos ocurridos durante el gobierno de Rafael Correa, recuerdan que la tortura por parte de la Policía y las Fuerzas Armadas, y la impunidad frente a estos casos continúan persistiendo en el país: el Caso Ayol y el Caso Turi.
El Caso Ayol ocurrió en septiembre del 2014. En ese entonces, Angelo Ayol de 17 años era, estudiante del Colegio Mejía, fue detenido arbitrariamente y luego torturado por miembros de la Policía Nacional en medio de una protesta estudiantil. Después de tres años, donde existieron seis intentos de reconstrucción de los hechos, se llegó a la Audiencia Preparatoria de Juicio.
El Juez de la Unidad Penal de Pichincha, Giovanny Freire, señaló en su dictamen de 23 de octubre de 2017, que en el proceso se prueba que Angelo Ayol fue arrestado, golpeado y torturado por efectivos de la Policía, pero no se logró probar la responsabilidad de los dos policías procesados. Los policías fueron sobreseídos.
En el Caso Turi, hasta ahora, tampoco se ha logrado establecer la responsabilidad penal de los policías involucrados, pese a que se cuenta como prueba con el vídeo de seguridad de la cárcel del Turi, donde se muestran las torturas a las que fueron sometidas 200 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en esta cárcel ubicada en Azuay.
La justicia en un primer momento trató este caso como un Delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, sin embargo, sobreseyó a los quince policías implicados. Parecía que el caso nuevamente quedaría en la impunidad, pero el 22 de diciembre pasado, la justicia decidió nuevamente llamar a juicio a 42 policías, retomando el delito de Tortura. De esta manera el Caso Turi se convierte en uno de los pocos casos que se juzgan por este tema en la actualidad en Ecuador.
200 torturados en la cárcel de El Turi
Las negras botas pisaban sin piedad las cabezas, las piernas y los torsos desnudos de los prisioneros. Pasan una y otra vez por medio de los cuerpos, se aseguran que nadie se mueva, ni se queje. En otro momento se aprecia cómo un policía vestido de camuflaje y un chaleco antibalas saca un objeto de entre sus ropas, se agacha y acerca el aparato hacia uno de los detenidos, éste se sacude y retuerce todo su cuerpo como respuesta ante lo que se presumen fueron corrientes eléctricas; ante su actitud de dolor, otro policía asesta un potente toletazo sobre sus nalgas y el castigo continúa. Uno de los detenidos, en su intento desesperado de evitar que lo torturen, prefiere untar excremento sobre su cuerpo.
Estos hechos se aprecian en el vídeo de seguridad de la cárcel de El Turi. Allí se registran cada una de las agresiones en contra de los reos, ese 31 de mayo de 2016. Este vídeo constituye una de las pruebas más contundentes y completas de una violación a los derechos humanos, según Daniel Véjar, abogado de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, quienes han acompañado este caso.
“Están en el infierno”, con esta frase habría iniciado el operativo de requisa. El operativo estuvo conformado por ochenta policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El grupo UMO es el encargado de controlar el orden en eventos masivos y en protestas sociales; el GIR en cambio es un grupo élite formado en contra de la delincuencia.
Integrantes de estos dos grupos fueron los encargados de “mostrarles el infierno” a los casi 200 internos de los pabellones JB y JC. Los sacaron violentamente de sus celdas mientras les propinaban toletazos y les rociaban gas pimienta, según los testimonios de los detenidos, los agentes les habían dicho que esta era “su presentación”.
Los policías pusieron a los reclusos boca abajo con los brazos sobre la cabeza. Nadie podía siquiera regresar a ver, al menor intento, un policía lanzaba un severo golpe con su tolete sobre el cuerpo de un recluso. Uno a uno los llevaron hasta un rincón, donde un castigo peor comenzaba. Cada preso era obligado a desnudarse completamente frente a los policías. Sus zapatos fueron lanzados a las gradas que conectan el pabellón con el resto de la cárcel. Los presos tuvieron que hacer “sapitos” (saltar en cuclillas) y mostrar su ano por orden policial. Terminado el castigo, los presos intentaban vestirse a la velocidad de la luz y regresar con los pies descalzos, nuevamente a la fila, que era ordenada por otro policía a punto de patadas. Por testimonio de los prisioneros durante la primera audiencia del juicio de Habeas Corpus, se sabe, entre otras cosas, que les dijeron: “escoria”, “mujercitas”, etc.
La Defensoría Pública de Azuay presentó una Acción de Hábeas Corpus a favor de trece personas privadas de libertad PPL de El Turi, en junio del 2016, luego de los hechos sucedidos.
Según el artículo 89 de la Constitución, el Hábeas Corpus busca recuperar la libertad de una persona injustamente detenida y, proteger la vida e integridad de una persona privada de la libertad, por lo que este debe darse en un máximo de veinte y cuatro horas de presentada la acción. Sin embargo, en el Caso El Turi pasaron cuatro meses donde se hicieron seis audiencias de Habeas Corpus para que finalmente este recurso se conceda.
La primera audiencia de Habeas Corpus se realizó entre el 23 y 31 de junio del 2016; en esta ocasión se presentaron los vídeos de seguridad del Centro Penitenciario, donde se constatan las agresiones ocasionadas por los policías. Pese a esto, el Ministerio del Interior, en ese momento encabezado por José Serrano, solicitó que se realice un peritaje de los vídeos presentados, argumentado que fueron manipulados por la Defensoría Pública. En la segunda audiencia, los jueces concedieron el Habeas Corpus a favor de los trece privados de libertad y dispusieron acciones de reparación. El Ministerio del Interior apeló la sentencia aduciendo que uno de los jueces no tenía competencias para dictar esta medida. Una nueva audiencia de Habeas Corpus, la tercera, se da el 22 de julio del 2016, sin la participación de los detenidos y sin la presentación de los vídeos de seguridad de la cárcel. En esta audiencia, la sentencia anterior fue anulada, pese a que se reconoció la violación del Derecho a la Integridad de los PPL. La cuarta audiencia de Habeas Corpus intentó realizarse el 5 de septiembre del 2016, pero fue suspendida pese a que contó con la presencia de los detenidos. Días más tarde, la quinta audiencia convocada para el 22 de septiembre volvió a suspenderse. Finalmente, la acción de Habeas Corpus se concede a favor de los trece Privados de la Libertad, tras la sexta audiencia realizada.
En la sentencia de Hábeas Corpus, entre otras cosas, se estableció que cada 31 de mayo, la policía reciba un curso de derechos humanos, y que el Ministerio del Interior, de Justicia y los policías implicados ofrezcan disculpas públicas a los PPL de El Turi, las mismas que debían ser publicadas en un diario.
Al juicio de Habeas Corpus le siguió un juicio penal, que buscaba sancionar a los responsables por la violación de derechos hacia los detenidos. El 26 enero del 2017, la Fiscalía del Azuay formuló cargos en contra de 46 policías por el Delito de Tortura, artículo 151 del COIP). Vendría después la reconstrucción de los hechos, según el procedimiento penal, sin embargo, esta acción fue aplazada por cinco ocasiones. Finalmente, al sexto intento, realizado entre el veinte y cuatro y veinte y cinco de mayo, se logró recrear lo sucedido en Turi. Según Daniel Véjar, abogado de INREDH, los recurrentes aplazamientos para la reconstrucción de los hechos demuestran una falta de voluntad y de coordinación entre las instancias del Estado para dar información y sancionar el caso: “Hubo seis intentos de reconstrucción de los hechos, se puede suspender una o dos veces hasta que se emitan los permisos necesarios, pero suspender las seis veces, sí que llama la atención. Faltó la voluntad del Estado para hacer esta diligencia”.
No hay torturas sino ‘extralimitaciones’
Posteriormente, la Fiscalía solicitó una Audiencia de Reformulación de Cargos que se llevó a cabo el 8 de junio, y donde el Delito de Tortura bajo el cual se investigaba a los policías, cambia por “Extralimitación en la Ejecución de un Acto de Servicio”, pero ¿qué diferencias hay entre estos dos delitos?
Según el Código Penal, un funcionario púbico en ejercicio de sus funciones puede cometer tortura por instigación propia o bajo su consentimiento, ante lo cual se establece una pena de 10 a 13 años, según el artículo 151 del COIP. Mientras que el delito de Extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, artículo 293 del COIP, se refiere al servidor de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional o Agente Penitenciario que durante sus funciones, no hiciera uso progresivo de la fuerza y causará lesiones en contra de una persona, este delito está castigado con una pena máxima tres años.
Es decir, la justicia consideró que las actos sucedidos en El Turi no fueron tortura, sino que solamente a la Policía se le pasó la mano en el uso de la fuerza, durante el operativo.
Daniel Véjar de INREDH critica este cambio de tipo penal y cita la Convención Americana de Derechos donde se establece que para configurarse un caso de tortura no importa la intensidad, ni la profundidad de las lesiones sino el objetivo: “Existe tortura que no necesariamente deja huellas, pero no por eso, deja de ser tortura. El tiempo mínimo de las lesiones demostraba que no eran suficientes para ser tortura, pero no debería importar la intensidad, sino la finalidad”. Para él, en este caso si existió una finalidad, puesto que los mismos policías durante el proceso habrían manifestado que los PPL se encontraban amotinados por lo que procedieron a neutralizarlos. Esto demuestra dice Véjar, que hubo una finalidad que fue el castigo.
Luego de este cambio en el tipo penal, vendría la Audiencia de Formulación de Cargos, donde el Fiscal Adrián Arpi se abstuvo de acusar a 34 policías por “falta de pruebas”, el 1 de agosto de 2017. Así la lista de imputados se redujo de 49 a 15. Posteriormente, el diez de agosto del 2017, se realizó la Audiencia Preparatoria de Juicio y el Juez Penal de Cuenca, Alfredo Serrano, consideró que no hubo suficientes elementos para dictaminar la responsabilidad de los quince policías acusados, aunque el Juez si reconoció la existencia del delito. Daniel Véjar, abogado, cuestiona que no se hayan señalado responsabilidades penales en esta audiencia “El error del juez es reconocer que existe materialidad y no decir, vuélvase a investigar o sígase investigando”.
El caso de El Turi volvió a reactivarse el 10 de octubre, cuando la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, declaró la nulidad del proceso de investigación por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio en contra de policías procesados. De esta manera, todas las audiencia, sus resoluciones quedaron sin efecto, y el caso volvió a tratarse como Tortura. Ante ello, el 15 de diciembre, 42 policías, entre ellos el Mayor René Cañar, quien figuró como jefe del operativo en la Cárcel de El Turi, fueron convocados a la audiencia de evaluación y preparatorio del juicio por el Delito de Tortura. Finalmente y luego de un año y medio de los hechos, el juez William Sangolquí decidió llamar a juicio a cuarenta y dos policías, en la audiencia realizada el viernes 22 de diciembre del 2017.
Los torturadores son premiados
El Caso de El Turi es uno de los más recientes casos de tortura que se registran en Ecuador, y donde participan efectivos de la Policía Nacional; sin embargo, no es el único. En el 2010, se presentó el Informe de la Comisión de la Verdad que investigó 118 casos de violaciones a derechos humanos, sucedidos entre 1984 y 2008.
En estos 118 casos se identificaron seis tipos de violaciones de derechos: privación de la libertad, violencia sexual, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, atentado contra la vida y tortura; sucedidos en contra de 456 víctimas; de estas, 365 fueron víctima de tortura.
Según las investigaciones de la Comisión de la Verdad, en 158 casos de tortura se presume la participación de la Policía Nacional, mientras que el Ejército estaría involucrado en 147 casos y en catorce de estos habría una participación conjunta de estas dos ramas de la Fuerza Pública.
En el 2013, la Comisión de la Verdad llevó a Fiscalía los expedientes de los 118 casos de violaciones a derechos humanos que investigó, y 18 expedientes más sobre casos que el organismo no logró estudiar, para un total de 136 casos para que se investiguen judicialmente y se inicien procesos penales en contra de los responsables; sin embargo Elsie Monge, Directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, en entrevista para Wambra en mayo de 2017, mencionó que de estos 136 casos, solo 6 se judicializaron y dos terminaron en sentencia: el Caso Cajas, Jarrín, Vaca y el Caso Lema.
Sancionar a los implicados en casos de tortura también ha sido casi imposible dentro de la misma institución policial y militar. En el caso El Turi pese a las reacciones de las autoridades tampoco ha habido sanciones. El 22 de septiembre del 2016, en una rueda de prensa, José Serrano, ex ministro del Interior, y Ledy Zúñiga, ex ministra de Justicia reconocieron la existencia y gravedad de los hechos al interior de cárcel; ofrecieron además una investigación administrativa. Sin embargo, a más de un año de los hechos ningún policía, ni el encargado del operativo René Cañar, fueron sancionados, ni siquiera administrativamente. Es más, el entonces mayor René Cañar fue posteriormente ascendido a capitán.
Para Daniel Véjar, este tipo de casos y violaciones de DDHH en donde está involucrada la Policía o las Fuerzas Armadas se siguen repitiendo porque el Estado no sanciona estos hechos: “Existen tantos patrones de repetición que cabe la pregunta ¿son hechos aislados, o si hay una falta de preparación suficiente en la Policía, o si existe una retaliación, falta de profesionalización, o a quiénes estamos nombrando para que ocupen esos cargos de poder? Tenemos una conducta que ha permanecido desde el Caso Restrepo hasta la actualidad y esto no se corrige”.
Esta aparente falta de voluntad del Estado para sancionar y prevenir los casos de tortura parece no solo estar en la justicia sino también en otros niveles del Estado. Así, Ecuador es un estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en cumplimiento con esta obligación creó en 2012, la “Dirección Nacional del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes”, a cargo de la Defensoría del Pueblo. Este organismo debe monitorear las condiciones en las que se encuentran las personas dentro de los lugares de privación de libertad, y busca prevenir que se realicen actos de tortura en estos espacios; su monitoreo debe ser parte de un informe anual. Sin embargo, en la página web de la Defensoría todavía no está colocado el informe 2016, año en que sucedieron los hechos en la cárcel de El Turi.
Para el abogado de INREDH es muy distinto cómo el Estado trata los casos de tortura frente a otros, como la criminalización a la protesta. Menciona que la justicia ecuatoriana ha sancionado en los últimos años con más rigurosidad la protesta, pero no así actos de tortura:
“El Estado se ha dado maneras de sancionar cosas mucho menos graves o que no deberían ser delito, como el Ataque o Resistencia, o el delito de Paralización de Servicio Público cuando estos son un ejercicio de resistencia o protesta social. Pero si se evidencian todo tipo de trabas cuando el acusado, es personal del Estado”.
https://wambra.ec/ecuador-tortura/
Escena grabada de las torturas a los presos en la cárcel de El Turi
El 27 de mayo del año pasado el Consejo de Europa aprobó el SAFE (Security Action for Europe), un nuevo instrumento financiero destinado a proporcionar apoyo financiero a los países miembros con el fin de acelerar el rearme y la creación de una industria europea de guerra.
El mandatario no descartó la posibilidad de entablar un diálogo respetuoso con Washington, pero reiteró que su país se prepara defensivamente para hacerle frente a cualquier agresión.
En una entrevista, el comandante de una unidad ucraniana de drones, Yuri Syrotyuk, afirma que, si las tensiones con Polonia aumentan —y está dispuesto a desempeñar su papel en ello—, lanzará sus drones contra las ciudades polacas.
Estados Unidos firma acuerdos que no está dispuesto a cumplir. Ocurrió con Irán y ocurre ahora con sus vecinos, México y Canadá. El miércoles el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, confirmó que el gobierno de Trump se niega a renovar el T-MEC en su forma actual, lo que va a desencadenar un ciclo de revisiones anuales que podría durar hasta diez años. Sin embargo, el acuerdo sigue en vigor mientras continúan las conversaciones con Canadá y México, según el Washington Times.
La memoria colectiva sobrevive a los hornos crematorios y las cámaras de gas. Existe una losa a través del revisionismo histórico, patrocinado por la burguesía europea, basado en la tergiversación y la ocultación. Las élites eurodecrépitas convierten el día de la victoria soviética sobre el nazismo, el 9 de mayo, en el día de Europa, una falsificación histórica para borrar del mapa el papel determinante de la URSS y la resistencia antifascista auspiciada por los comunistas en todas las regiones de Europa.
