La Audiencia Nacional inició el 29 de mayo el juicio contra los que formaron la cúpula directiva de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), por el “supuesto”, tal y como reza la correcta jerga jurídico-burguesa, falseamiento de sus cuentas y el saqueo de la entidad mediante maniobras ilegales y prejubilaciones millonarias entre 2010 y 2011, cuando la Caja ya estaba técnicamente en quiebra.
La CAM, con sede en Alicante, participó del boom especulativo del ladrillo y fue utilizada como fuente de financiación de los proyectos faraónicos “Terra Mítica” o “Ciudad de la Luz”.
Las prácticas corruptas, fueron un secreto a voces, al menos por estas tierras del sur del País Valencià. De hecho ante el silencio y la complicidad, o al menos la tibieza con que se trataba por parte de los partidos políticos del sistema y el resto de organizaciones sociales, el PCPE denunció esta situación con los medios a su alcance a través de octavillas que colocó en las puertas de la Caja e inundó los barrios obreros jaleando a la clase obrera para dar una respuesta firme. Fuimos los únicos que en ese momento exigimos cárcel para los expoliadores. La prensa escrita y de otro tipo ignoró nuestra posición política, pero aún así conseguimos levantar la ira de estos ladrones sin escrúpulos, llegando a ser amenazados con querellas y demás…
Hoy son ellos y ellas quienes se sientan en el banquillo, después de que la CAM fuera intervenida en julio de 2011 por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y reflotada con 5.249 millones de euros de fondos públicos. En diciembre de 2011, la entidad fue adjudicada al Banco Sabadell por un euro. El volumen de fondos públicos destinados a su rescate se elevó, según cálculos de la Unión Europea, a 14.180 millones de euros.
La actuación de la cúpula directiva de la CAM sirvió lealmente los intereses de la oligarquía financiera y propició el proceso de concentración de capital; sin embargo, la pena solicitada no es por ello ni por el expolio que la gran burguesía cometió contra el pueblo trabajador, sino por cobrar incentivos y complementos por valor de 20 millones pese a que estos “bonus” estaban condicionados a la buena marcha de la entidad.
La directiva, también falsificó documentación para embolsarse un complemento de 2,7 millones de euros por jubilación.
La Fiscalía pide penas que oscilan entre los siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa y diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.
Comparando estas penas con las solicitadas a los ocho de Airbús (por citar un ejemplo), donde se reclamaba ocho años para cada uno de ellos, por defender los intereses de la clase trabajadora durante la Huelga General de 2010, somos conscientes del carácter de clase de la legislación burguesa que rige el Estado Español y a qué intereses responde.
En cualquier caso, seguiremos atentamente un proceso que promete benevolencia con quienes tanto han dado por la causa del capitalismo español.
El resto, los que quedamos como meros espectadores, aunque afectados por habernos tocado directamente el bolsillo, tendremos que ir pensando que aquello que llamamos en su momento Cajas de Ahorro que supuestamente tenía fines sociales pero criterios de mercado, encerraba en sí mismo una contradicción insalvable.
La misma contradicción que tiene lo que algunos y algunas llaman y reivindican como banca pública.
El pueblo trabajador, necesita un modelo financiero distinto del actual, en contraposición al modelo de la oligarquía basado en su beneficio. Necesita una banca al servicio de los intereses de la clase trabajadora y que nazca de la nacionalización completa del sector.
Kike
