Querellantes de España declaran ante la justicia argentina por los crímenes del franquismo

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Han llegado desde España para declarar ante la jueza argentina María Servini, la única magistrada que investiga los delitos perpetrados por el régimen franquista. Han esperado años para poder dar su testimonio y narrar las atrocidades que causaron sus agentes incluso durante la etapa de Transición, tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco (1939-1975) en noviembre de 1975. Pero, si hubiera sido por la justicia española, no lo habrían hecho nunca…

 

Son integrantes del Colectivo por los Olvidados de la Transición (COT) y de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y este martes acudieron al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 1 de la ciudad de Buenos Aires para aportar datos y nuevas pruebas sobre los delitos del franquismo, que no prescriben por ser crímenes de lesa humanidad.

El exministro de la Transición Rodolfo Martín Villa, primer referente de la dictadura en ser procesado por cuatro homicidios agravados cometidos entre 1976 y 1978, vio en diciembre cómo el tribunal penal más importante del país, la Cámara Federal de Casación Penal, decretaba su falta de mérito.

Reacios a atragantarse con tanta impunidad, los querellantes españoles que han tomado un avión hasta Buenos Aires están dispuestos a no dejar vestigio de duda sobre las responsabilidades de Martín Villa.

“La expectativa es poner de manifiesto y acreditar con datos muy contrastados, porque las sentencias firmes son documentos, que estos individuos que mataron a mi hermano eran agentes del Estado a sueldo”, revela a la Agencia Sputnik uno de ellos, Miguel Ruiz.

Este español alude a su hermano Arturo, un joven de 19 años que fue baleado por la espalda el 23 de enero de 1977 por un ultraderechista vinculado con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español, José Ignacio Fernández Guaza, prófugo desde entonces.

“El día anterior a la manifestación en la que asesinaron a mi hermano, Martín Villa dijo que había que reprimir duramente”, sostiene. “Individuos que estaban a sueldo de este sujeto tuvieron una reunión la noche previa para preparar una contramanifestación. Salieron a matar y le tocó a Arturo”.

Tras una pesquisa de más de nueve años, el investigador Carlos Portomeñe, autor del libro “La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado. Anatomía de la Transición”, fue llamado a declarar ante la evidencia de que los responsables del asesinato de Arturo Ruiz fueron amparados por el Estado español.

CRÍMENES ENLAZADOS

El asesinato de Ruiz está además vinculado con otros sucesos de la Transición. Uno es la denominada Matanza de Atocha, un atentado organizado por un comando de extrema derecha contra un despacho de abogados laboralistas en Madrid que el 24 de enero de 1977 asesinaron a cinco personas.

También hay pruebas de que la llamada Masacre en el monte navarro de Montejurra (norte), en la que dos personas fueron asesinadas el 9 de mayo de 1976, fue un plan orquestado por agentes de extrema derecha que también operaron en Italia.

“Hay determinados personajes que se repiten en varios de los sucesos más sangrientos de la Transición española, como el de Piazza Fontana (un atentado en Milán que causó la muerte a 17 personas, el 12 de diciembre de 1969) o la matanza de Bolonia (el peor acto terrorista que sufrió Italia, el 2 de agosto de 1980, en el cual fallecieron 85 personas)”, detalla.

En su obra, Portomeñe demuestra que se trataba de “terroristas buscados en Italia por haber cometido graves atentados” que todavía son investigados en ese país, y que involucran al Estado español, “como es el caso del asesinato del juez Vittorio Occorsio, en Roma, en 1976”, añade.

También acudió a declarar Javier Almazán, que incorpora al expediente el caso de su hermano Ángel, asesinado el 20 de diciembre de 1976, cuando tenía 18 años, al ser apaleado por la Policía Armada cinco días antes, durante el referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política impulsado por el entonces presidente Adolfo Suárez (1976-1981) para legitimar el tránsito del régimen dictatorial a la monarquía parlamentaria.

Junto a estos querellantes, el miércoles aportó su testimonio Marc Muñoz, hermano de Gustau Muñoz, que con 16 años fue asesinado por la policía en la Plaza Sant Jaume de Barcelona durante la Diada del 11 de septiembre de 1978.

La jueza Servini aceptó como prueba el documental “Gustau, la Transición al descubierto”, de Jaume Doménech, el cual reconstruye lo sucedido aquel día.

Al imputar a Martín Villa en 2014, la magistrada ordenó en paralelo el arresto con fines de extradición de otros 19 representantes del franquismo para tomarles declaración indagatoria.

A excepción de Martín Villa, ninguno de los 15 imputados que hoy quedan vivos ha respondido ante la justicia argentina.

España ha obstaculizado esta causa desde su inicio, en 2010, al desoír cualquier exhorto o pedido de información solicitada por la querella o por la justicia argentina.

Sputnik / elcomunista.net

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