Cristina Álvarez.— El proceso ascendente de movilizaciones feministas del ciclo 2017/2018 tuvo su cúspide tanto con la moción de censura del PSOE sobre el gobierno de Mariano Rajoy, como el gobierno de coalición PSOE y Podemos. Si bien el nuevo ejecutivo mantuvo la promesa de «avanzar» en los derechos que reclamaba el movimiento feminista, tanto el balance de estos 4 años, como las perspectivas, son que la mujer está en el ojo del huracán de la miseria y la explotación.
Según datos de 2023 publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 4.569.671 mujeres de entre 16 y 64 años —el 30% de las que están edad laboral— en situación de pobreza y exclusión social. Circunstancia especialmente acusada entre las mujeres más jóvenes, que son las que presentan cifras más altas de exclusión (34,2%), seguidas de las mayores de 45 años, cuyo riesgo alcanza el 28,5%, y, por último, de aquellas entre 30 y 44 años (28%), y la tendencia es ascendente respecto a la última década.
La traducción de este dato es que el capitalismo español está apartando paulatinamente a la mujer del mundo del trabajo, política que a pesar de los llamados «planes de igualdad», tiene un claro fundamento económico, máxime cuando la tasa de beneficios del gran capital se supera año tras año.
El dato económico que sostiene esta afirmación es precisamente la forma en que se distribuye la riqueza en España. Por poner un ejemplo que publicaba recientemente el periodista de Gara Juanjo Basterra, 1 de cada 5 trabajadores con convenio colectivo firmado hasta julio, tiene prevista una subida salarial inferior al IPC, con jornada laboral que supera las 1.753,8 horas anuales, llevándola a niveles de 2003.
Esto quiere decir que la acumulación de capital se realiza en base a la sobreexplotación más salvaje de los trabajadores, con salarios situados en niveles de subsistencia, y que permite a la burguesía prescindir de las mujeres, lo cuál nos está relegando, como si de una economía de guerra se tratara, a tener el carácter subsidiario de otros tiempos, condicionado a nuestra función de cuidadoras, o de esposas y madres.
Esta condición ha quedado apuntalada en los últimos años además con las magras cuantías con las que los gobiernos del PSOE y Podemos han cronificado esa debilidad, otorgando subsidios de mera subsistencia, como el miserable Ingreso Mínimo Vital, de entre 400 y 500 euros mensuales, a las mujeres que vienen padeciendo esta pobreza y que solo les permite sobrevivir. Además, muchos de estos programas están condicionados de manera humillante a la «busqueda activa de trabajo», que se traduce en aceptar condiciones laborales inasumibles en condiciones de igualdad.
En los últimos años, apartar a la mujer de la producción está siendo condición indispensable para impedir su toma de conciencia, más aún cuando en el último tiempo parecía despertar un feminismo que, con limitaciones, comenzaba a apuntar a escalones políticos y económicos responsables de nuestra situación.
De hecho, esta circunstancia se vislumbró en cuanto a las diferencias de mensaje que hubo en las huelgas generales del 8M convocadas por los sindicatos CCOO y UGT, de 2017 y de 2018. En la de 2017 hubo amplios sectores de mujeres que se tomaron en serio la huelga, y por ello, en 2018, todas las centrales sindicales se apresuraron a limitar la huelga al interior del hogar, sin tocar la estructura económica del país.
Pero si seguimos la tendencia económica actual, las mujeres obreras nos seguimos llevando la peor parte, porque en una progresión de reducción del poder adquisitivo generalizado y de la condición subsidiaria que el capitalismo nos otorga en la economía, lo que está por venir es todavía peor si las cosas no cambian entre los movimientos de mujeres, y en nuestras conciencias.
El Estado español, entendido esto en su sentido amplio (administraciones públicas, empresas, medios de comunicación, etc.) ha desplegado toda una ofensiva cultural para dar a entender que las mujeres hemos tocado techo en lo que a nuestros derechos se refiere, y todavía más en el último tiempo, con la supuesta «amenaza ultra» como telón de fondo. Tesis que permite tenernos a las mujeres distraídas, mientras se profundiza nuestra opresión social, cultural y económica.
El contexto general de empobrecimiento implica que en los meses venideros la mujer trabajadora va a sufrir la aplicación de una serie de medidas específicas por su condición de mujer. Vamos a ser las primeras a la hora de los despidos, y somos las que vamos a tener que ir mendigando por las diferentes ventanillas de los servicios sociales para dar salida a nuestro núcleo familiar.
Y así, paulatinamente, con la clase trabajadora mirando para otro lado, muchas empresas van a reducir sus plantillas femeninas en un tiempo récord o van a llegar al cierre total. Si a esto le unimos la contratación cada vez más escasa de mujeres y las enormes dificultades que encuentran aquéllas que buscan un empleo por primera vez, nos podemos hacer una idea de la incidencia real que puede alcanzar la miseria entre las trabajadoras.
Paralelamente a las políticas de subsidios de miseria practicados por los gobiernos socialistas (con el apoyo de Podemos) se han utilizado a los grupos fascistas para tratar de calar en la conciencia de los sectores más atrasados de la clase trabajadora y, en especial, de las propias trabajadoras, e intentar así enfrentar unos a otras, creando un caldo de cultivo favorable a restringir derechos civiles a las mujeres.
En esta concurrencia, la mujer sigue siendo la gran perdedora; su discriminación ya no se presenta solamente en forma de discriminación salarial o la prohibición de ejercer ciertas profesiones, sino en la falta de una igualdad real de oportunidades; sólo en determinadas profesiones, más relacionadas con las funciones consideradas típicamente femeninas como la enseñanza, la sanidad o la limpieza, las mujeres tienen algunas preferencias y, aún así, siguen predominando en los niveles secundarios de la economía.
