Clase trabajadora consciente

Soy, simplemente, clase trabajadora consciente.

Soy hijo, nieto y bisnieto de trabajadores. En mi familia nunca hubo una tradición de militancia política o sindical. Mi padre, ya en democracia, formó parte de una candidatura independiente en el Ayuntamiento de Neda y ejerció como concejal de Cultura y Deportes. Pero yo no crecí en un ambiente de militancia ni de debate político organizado. Lo que sí heredé fue algo que considero mucho más importante: la conciencia de pertenecer a una misma clase social y la dignidad de ganarse la vida con el propio trabajo.

Mi padre trabajó en el astillero. Mi madre sacó adelante la familia desde casa. Uno de mis abuelos fue cantero; el otro, zapatero. Como tantas familias gallegas de aquella época, también trabajaban la tierra, cuidaban animales y sobrevivían como podían. Conocieron la Guerra Civil, la posguerra, el hambre y las privaciones. Vivieron en una Galicia donde emigrar fue, para miles de personas, la única oportunidad de construir un futuro mejor.

De ellos no heredé dinero ni propiedades. Heredé algo mucho más valioso: el orgullo de pertenecer a la clase trabajadora y la convicción de que nadie debe avergonzarse de vivir de su esfuerzo.

Nunca he querido ser otra cosa. Ser clase trabajadora no significa resignarse a la precariedad; significa defender el derecho a una vida digna: un salario suficiente, tiempo para la familia, tiempo para descansar y la tranquilidad de saber que una enfermedad o un despido no te condenarán a la pobreza.

Nunca he sentido envidia de los yates, las mansiones o los grandes lujos. No es la vida que deseo. Para mí, el dinero nunca ha sido un símbolo de éxito, sino una herramienta para vivir con seguridad y sin miedo al día de mañana. Me gusta viajar, sí, pero con una mochila a la espalda. No necesito el lujo para sentirme libre.

En mi familia nadie me enseñó a militar en un partido ni a afiliarme a un sindicato. Mi conciencia política no fue una herencia; fue una construcción. Nació trabajando, leyendo, observando y preguntándome por qué hay personas que, aun esforzándose cada día, nunca consiguen salir adelante.

Con el tiempo participé en la vida sindical y tuve el honor de servir durante cuatro años como concejal. Pero eso fue una consecuencia de mis convicciones, no su origen.

La vida, además, me obligó a mirar la realidad desde otro lugar. Una enfermedad me apartó de mi profesión habitual y una incapacidad permanente total redujo mis ingresos hasta situarme por debajo del umbral de la pobreza. Pasé de llegar a fin de mes con dificultades a no llegar, sencillamente.

Esa experiencia no me da la razón por sí misma, pero sí me permite conocer de primera mano una realidad que con demasiada frecuencia se analiza desde despachos, estadísticas o ruedas de prensa.

Por eso, cuando critico determinadas políticas públicas, no espero soluciones milagrosas. Lo que exijo es que sirvan para mejorar de verdad la vida de la gente. Quien vive con angustia económica aprende muy pronto a distinguir entre una medida útil y un simple titular.

Escribo desde esa experiencia. No hablo en nombre de toda la clase trabajadora, porque nadie puede hacerlo. Hablo desde mi lugar dentro de ella, convencido de que la política solo tiene sentido cuando mejora, de forma tangible, la vida cotidiana de la mayoría social.

No soy un intelectual ni pretendo serlo. Tampoco escribo para dar lecciones. Escribo como un trabajador que ha leído, que siente curiosidad por comprender el mundo y que sabe perfectamente a qué clase pertenece.

Soy, simplemente, clase trabajadora consciente.

André Abeledo Fernández

Fascismo, capitalismo y crisis de la democracia burguesa.

El ascenso de fuerzas de extrema derecha en numerosos países ha reabierto un viejo debate político e historiográfico: ¿por qué resurgen los movimientos autoritarios en sociedades democráticas? La pregunta no es nueva. Intelectuales de tradiciones muy distintas llevan más de un siglo intentando responderla, y sus conclusiones continúan siendo objeto de discusión.

Desde el marxismo clásico, autores como Vladimir Ilich Lenin entendieron que las crisis del capitalismo generaban profundas tensiones sociales que podían desembocar en formas cada vez más autoritarias de ejercicio del poder. Aunque Lenin murió antes del auge del fascismo europeo de los años treinta, su análisis sobre el imperialismo, la concentración del capital y las contradicciones del sistema influyó decisivamente en las interpretaciones posteriores desarrolladas por la Internacional Comunista.

El fascismo constituye una respuesta de las élites económicas ante situaciones de fuerte conflicto social, una herramienta destinada a preservar el orden establecido cuando las fórmulas tradicionales de dominación resultaban insuficientes. 

El fascismo histórico combinó ultranacionalismo, autoritarismo, culto al líder, negación del pluralismo político y utilización sistemática de la propaganda para construir un relato capaz de movilizar emocionalmente a amplios sectores de la población.

Precisamente el estudio de la propaganda política constituye una de las cuestiones más relevantes para entender tanto el siglo XX como el XXI. El régimen nazi convirtió la comunicación de masas en un instrumento de control político sin precedentes. Simplificación de mensajes, repetición constante de consignas, creación de enemigos internos y externos, manipulación emocional y apelación permanente al miedo fueron elementos ampliamente estudiados por la ciencia política y la comunicación. Algo que hoy usa el Trumpismo de Estados Unidos, el sionismo de Israel, y la ultraderecha lacaya y servil de América y Europa.

Eso no significa que cualquier actor político contemporáneo reproduzca automáticamente aquellos mecanismos ni que toda estrategia de comunicación pueda equipararse al nazismo. La historia exige prudencia en las comparaciones. Sin embargo, sí resulta legítimo analizar críticamente cómo determinadas técnicas propagandísticas continúan presentes, con nuevas formas y nuevas tecnologías, en democracias consolidadas y en regímenes autoritarios.

Las redes sociales, la polarización política, la difusión masiva de desinformación y la fragmentación del espacio informativo han multiplicado la capacidad de construir relatos simplificados donde la complejidad desaparece y los adversarios pasan a convertirse en enemigos absolutos.

En paralelo, Europa vive un contexto marcado por profundas incertidumbres económicas y sociales. La precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda, el aumento de las desigualdades, el envejecimiento demográfico y la percepción de pérdida de seguridad económica generan un terreno fértil para discursos que ofrecen respuestas simples a problemas extraordinariamente complejos.

La historia demuestra que las crisis prolongadas suelen favorecer el crecimiento de opciones políticas que prometen soluciones rápidas, identidades fuertes y culpables fácilmente identificables.

Pero el auge de la extrema derecha tampoco puede analizarse únicamente desde quienes la apoyan. Numerosos autores sostienen que parte de la explicación reside también en las dificultades de las fuerzas progresistas para construir proyectos políticos capaces de generar ilusión, confianza y representación efectiva de amplios sectores populares.

En distintos países europeos se observa un debate recurrente dentro de la izquierda sobre la relación entre moderación política, capacidad institucional y mantenimiento de una identidad transformadora. Mientras unos consideran imprescindible ampliar consensos para gobernar sociedades diversas, otros advierten del riesgo de diluir el proyecto político hasta perder aquello que lo diferenciaba.

Ninguna democracia puede darse por definitivamente consolidada. Los derechos civiles, sociales y laborales nunca han sido conquistas irreversibles. Han sido el resultado de largos procesos de movilización, negociación y conflicto político.

Quizá una de las advertencias más conocidas siga siendo la formulada por Bertolt Brecht tras la derrota del nazismo. Su reflexión no pretendía anunciar un regreso inevitable del fascismo, sino recordar que las condiciones económicas, sociales y culturales que favorecieron su aparición podían reproducirse si las democracias no eran capaces de responder a las desigualdades, al miedo y a la exclusión.

En ese sentido, el principal desafío de nuestro tiempo probablemente no consista únicamente en combatir determinadas opciones políticas, sino en fortalecer las instituciones democráticas, reducir las desigualdades, garantizar derechos sociales efectivos y reconstruir la confianza ciudadana en la política.

Porque cuando amplios sectores de la población sienten que las instituciones ya no mejoran sus condiciones de vida, el espacio para el desencanto crece.

Y cuando crece el desencanto, también aumenta la tentación de buscar soluciones simples para problemas que nunca lo han sido.

La historia del siglo XX constituye un recordatorio permanente de los costes humanos que pueden derivarse de la degradación de la convivencia democrática. Estudiarla con rigor, sin simplificaciones y sin renunciar al debate crítico sigue siendo una de las mejores herramientas para afrontar los desafíos del presente.

André Abeledo Fernández

Cuando trabajar enferma: el fracaso moral de un modelo laboral

Hay un dato que debería escandalizar a cualquier sociedad que se considere civilizada: miles de trabajadoras y trabajadores necesitan medicarse para poder ir a trabajar.

Ansiolíticos para soportar la jornada.

Pastillas para dormir porque la ansiedad no les deja descansar.

Antidepresivos para levantarse al día siguiente y volver al mismo lugar que está destruyendo poco a poco su salud mental.

No estamos hablando de casos aislados. Estamos hablando de una realidad que demasiadas personas conocen en silencio y que rara vez ocupa el centro del debate público.

Porque de la salud mental se habla mucho en los discursos institucionales, pero muy poco cuando el origen del problema está en determinadas formas de organizar el trabajo.

Hablo de lo que conozco. Como trabajador de una gran multinacional he visto cómo el miedo, la presión constante, la incertidumbre y la deshumanización terminan pasando factura. No hablo de estadísticas. Hablo de compañeros y compañeras de carne y hueso que llegan al trabajo con la ansiedad instalada en el cuerpo porque saben que cualquier error, cualquier baja o cualquier protesta puede convertirles en el siguiente objetivo.

Y uno no puede evitar hacerse una pregunta.

¿Qué gana una empresa destruyendo psicológicamente a quienes generan su riqueza?

Quizá la respuesta sea tan sencilla como incómoda.

Un trabajador con miedo protesta menos.

Un trabajador agotado organiza menos.

Un trabajador psicológicamente desgastado tiene menos fuerzas para reclamar sus derechos.

Cuando el empleo se convierte en un instrumento de disciplina basado en el temor permanente, la salud de las personas deja de ser una prioridad y pasa a considerarse un coste más.

Eso ocurre cuando el beneficio económico vale más que la dignidad humana.

Vivimos en un mercado laboral donde todavía existen demasiadas empresas que consideran a las personas trabajadoras como piezas intercambiables. Si alguien cae, ya vendrá otro. Si alguien enferma, se sustituye. Si alguien reclama, se presiona. Si alguien levanta la voz, siempre hay una larga cola del desempleo esperando una oportunidad.

Esa lógica no solo es profundamente injusta.

Es también profundamente ineficiente.

Porque ningún proyecto empresarial puede construirse sobre el miedo de quienes sostienen la empresa con su esfuerzo diario.

Después llegan las patronales lamentándose porque faltan transportistas, camareros, personal sanitario, trabajadores de la construcción o profesionales cualificados.

Dicen que la juventud no quiere trabajar.

La realidad es muy distinta.

La inmensa mayoría de la clase trabajadora quiere trabajar.

Lo que ya no está dispuesta a aceptar son salarios que no permiten vivir, jornadas interminables, horarios imposibles, presión psicológica constante y un modelo laboral basado en el miedo.

Quieren empleo.

Pero también quieren dignidad.

Y tienen razón.

Durante demasiado tiempo en España se ha confundido autoridad con autoritarismo y gestión con obediencia ciega. Seguimos demasiado lejos de aquellos modelos laborales europeos donde el diálogo social, el respeto mutuo y la participación de las personas trabajadoras forman parte de la cultura empresarial.

Aquí todavía sobreviven demasiadas inercias que entienden los derechos laborales como un obstáculo y no como una garantía democrática.

Sin embargo, la historia del movimiento obrero demuestra una verdad que nunca cambia.

Las trabajadoras y los trabajadores pueden soportar salarios modestos durante un tiempo.

Pueden aceptar sacrificios cuando las circunstancias lo exigen.

Lo que nunca aceptarán indefinidamente es perder la dignidad.

Porque la dignidad no cotiza en bolsa.

No aparece en los balances empresariales.

No se refleja en la cuenta de resultados.

Pero es el cimiento sobre el que debería construirse cualquier relación laboral que merezca llamarse humana.

Y quizá por eso algunos empresarios siguen sin entender por qué cada vez cuesta más encontrar trabajadores.

No faltan trabajadores.

Lo que faltan son empresas dispuestas a comprender que el respeto, unas condiciones laborales dignas y la salud física y mental de su plantilla no son un lujo ni una concesión.

Son la base de cualquier sociedad que aspire a llamarse verdaderamente democrática.

André Abeledo Fernández

Refugiados de primera y de segunda: el doble rasero de Occidente

Hay una pregunta incómoda que Europa lleva demasiado tiempo evitando: ¿valen todas las vidas lo mismo?

Si atendemos a las políticas migratorias, a la cobertura de los grandes medios de comunicación y a la respuesta de buena parte de los gobiernos occidentales, la respuesta parece evidente: no.

No todos los refugiados son bienvenidos. No todas las víctimas reciben la misma solidaridad. No todas las guerras ocupan portadas. No todas las invasiones provocan sanciones. No todas las tragedias conmueven las conciencias.

Hay refugiados de primera y refugiados de segunda.

Cuando millones de personas huyeron de la guerra en Ucrania, Europa abrió sus fronteras con rapidez. Era lo correcto. Quien escapa de las bombas merece protección, solidaridad y un futuro digno.

La pregunta es por qué esa misma humanidad desaparece cuando quienes llaman a nuestras puertas son familias sirias, afganas, palestinas, yemeníes, sudanesas o saharauis. ¿Qué cambia? ¿Su sufrimiento? No. Lo único que cambia es el origen, el color de la piel, la religión o los intereses geopolíticos que hay detrás de cada conflicto.

Porque el problema nunca ha sido la capacidad para acoger. El problema ha sido la voluntad política.

Mientras unas guerras monopolizan los informativos, otras desaparecen deliberadamente del mapa mediático. Palestina sigue sufriendo una devastación que ha provocado una enorme crisis humanitaria. Yemen continúa siendo escenario de una de las mayores catástrofes humanitarias del planeta tras años de guerra. Sudán se desangra en un conflicto brutal. Haití vive atrapado entre la violencia, el hambre y la inestabilidad. Somalia, Mozambique y tantas regiones africanas siguen acumulando muertos mientras el silencio informativo se convierte en una forma más de abandono.

El pueblo saharaui continúa esperando que algún día se cumpla el derecho internacional y pueda decidir libremente su futuro. Décadas de exilio en los campamentos de refugiados de Argelia apenas merecen unos segundos en los telediarios. Lo que no aparece en pantalla parece dejar de existir.

Miles de personas siguen atravesando desiertos, selvas y mares huyendo de guerras, persecuciones, hambre o miseria. No buscan privilegios. Buscan sobrevivir.

Sin embargo, cuando llegan a las fronteras de Europa o de Estados Unidos encuentran alambradas, muros, concertinas, devoluciones en caliente y discursos de odio que los presentan como una amenaza.

Resulta especialmente hipócrita escuchar a determinados dirigentes políticos hablar de derechos humanos mientras respaldan intervenciones militares, venden armas a regímenes autoritarios o guardan silencio cuando sus aliados vulneran sistemáticamente la legalidad internacional.

Las mismas potencias que tantas veces dicen defender la democracia han participado directa o indirectamente en conflictos, cambios de régimen e intervenciones cuyas consecuencias siguen pagando millones de personas inocentes. Después llegan los refugiados. Pero las causas que los obligaron a abandonar sus hogares rara vez ocupan el centro del debate.

Y entonces aparecen quienes culpan a los propios migrantes.

Como si fueran responsables de las guerras.

Como si hubieran elegido nacer bajo las bombas.

Como si abandonar tu casa, perder a tu familia y jugarte la vida en una patera fuera un privilegio y no una tragedia.

El racismo y la xenofobia no siempre se expresan con insultos. A veces se manifiestan estableciendo categorías entre seres humanos. Decidiendo qué muertos importan y cuáles pueden olvidarse. Determinando qué niños merecen solidaridad y cuáles solo inspiran indiferencia.

Ese es el verdadero fracaso moral de Occidente.

No puede haber derechos humanos a la carta. No puede haber solidaridad selectiva. No puede haber legalidad internacional para unos países e impunidad para otros dependiendo de quién sea el aliado de turno.

El internacionalismo no consiste en defender únicamente a quienes nos resultan cercanos o convenientes. Consiste en defender la dignidad humana allí donde sea pisoteada, sin preguntar el color de la piel, la bandera, la religión o el pasaporte de las víctimas.

Porque una vida palestina vale lo mismo que una ucraniana. Una familia yemení vale lo mismo que una europea. Un niño saharaui tiene exactamente los mismos derechos que cualquier otro niño del mundo.

Mientras existan refugiados de primera y de segunda, mientras unas guerras sean visibles y otras permanezcan deliberadamente ocultas, no podremos hablar de una comunidad internacional guiada por los derechos humanos, sino por los intereses económicos y geopolíticos de quienes siguen decidiendo qué tragedias merecen nuestra atención y cuáles pueden quedar enterradas bajo el silencio.

André Abeledo Fernández

Mercadona: cuando la conciliación estorba a los beneficios

Hay empresas que hablan constantemente de conciliación y hay empresas que la destruyen cada día. Mercadona pertenece al segundo grupo.

Mientras la compañía presume de ser un ejemplo de gestión y de responsabilidad social, miles de trabajadores viven sometidos a un sistema de horarios variables que hace imposible organizar una vida familiar digna. La realidad desmonta toda la propaganda.

Porque la conciliación no consiste en llenar folletos de buenas palabras. La conciliación consiste en poder cuidar de un hijo, atender a un familiar dependiente, acudir a una cita médica o, simplemente, saber cuándo vas a trabajar la semana siguiente. Y eso, en Mercadona, sigue siendo un privilegio del que la mayoría carece.

Los gobiernos llevan décadas hablando de conciliación mientras permiten que las grandes empresas vacíen de contenido ese derecho. Se legisla de cara a la galería, pero cuando llega el momento de enfrentarse al poder económico siempre acaban imponiéndose los intereses empresariales sobre las necesidades de las familias trabajadoras.

Mercadona es un ejemplo perfecto de ese modelo. Una empresa que decide cuándo trabaja cada persona, que modifica horarios según las necesidades comerciales y que convierte la vida de su plantilla en un enorme puzle imposible de resolver.

Nos venden como un gran avance librar dos días a la semana. Lo que no cuentan es el precio. Jornadas más largas, flexibilidad absoluta para la empresa y una disponibilidad permanente del trabajador. Se entrega tiempo de vida a cambio de una falsa sensación de mejora.

No existe conciliación cuando cada mes cambia el horario. No existe conciliación cuando cada día puede empezar y terminar a una hora distinta. No existe conciliación cuando toda la organización familiar depende de las ventas previstas o de la planificación de una tienda.

Especialmente sangrante resulta el trato a quienes solicitan reducciones de jornada para cuidar de sus hijos o de familiares dependientes. Un derecho conquistado tras décadas de lucha sindical acaba sometido a las famosas parrillas horarias pactadas por los sindicatos dóciles a la empresa. En lugar de proteger a quien cuida, se protege la cuenta de resultados.

Eso no es conciliación.

Eso es utilizar la conciliación como propaganda mientras se vacía de contenido en la práctica.

Resulta aún más indignante que algunos sindicatos pretendan presentar este modelo como un éxito. Un sindicato existe para defender a la plantilla frente al poder de la empresa, no para convertirse en el departamento de comunicación de la dirección. Cuando se firma cualquier retroceso laboral para mantener la paz social, se deja de representar a los trabajadores y se empieza a representar los intereses empresariales.

Mercadona presume continuamente de patriotismo, de ser una empresa muy española y de contribuir al progreso del país. Pero cuando llega el momento de elegir entre garantizar horarios dignos o aumentar beneficios, nunca hay dudas sobre qué prioridad elige la empresa.

Porque el patriotismo empresarial termina exactamente donde empiezan los márgenes de beneficio.

La verdadera patria de quienes viven de su trabajo no son los balances económicos de las multinacionales. La verdadera patria son las familias trabajadoras que necesitan tiempo para vivir, cuidar y educar a sus hijos con dignidad.

Mientras Mercadona siga considerando el tiempo de sus trabajadores una mercancía al servicio de sus beneficios, toda su propaganda sobre conciliación, responsabilidad social y compromiso con las personas no será más que eso: propaganda.

Y los derechos laborales seguirán siendo el precio que algunos están dispuestos a pagar para que unos pocos sigan acumulando beneficios millonarios.

André Abeledo Fernández