Sobre la Ley de Seguridad Interior
El día viernes 15 de diciembre a las 3 de la mañana se aprobó en el Senado la Ley de Seguridad Interior, la cual previamente se había acordado en la Cámara de Diputados. En la sesión hubo diversas manifestaciones del carácter bufonesco que tienen los supuestos órganos de representación popular. Un circo con sainetes, dimes y diretes, alharacas, politiquería y “agrias” palabras personales entre legisladores, así como oratorias estériles y grandilocuentes.
Hoy en día a la nueva socialdemocracia (Morena) corresponde el “brillo” de la magnificencia de los discursos y los votos de oposición, en un contexto legislativo donde las leyes se aprobarán en el nivel A de las bancadas mayoritarias, como ocurrió a través del PRI-PVEM. El PRD y el PAN, este último dividido por pugnas electorales, el matrimonio temporal por intereses monopólicos y la continuidad de las alianzas asociadas al viejo Pacto por México.
Como sabemos los partidos presentes en el Senado y la Cámara de Diputados representan a diversos intereses monopólicos. Pero por sus intrigas y matices hacen ver que ejecutan «el juego democrático-burgués» de manera distinta, así como por sus pretensiones y afanes grotescos de gestionar sus encomiendas burguesas de modos diversos. Morena-PT-PES, como PRD-PAN, desempeñan el rol de mediatizadores y embajadores de la confianza en la potencia reformadora de las vías legales.
Según estadísticas oficiales, de 2006 a 2016 –los diez años de la llamada guerra al narcotráfico que ha militarizado en mayor medida el país y ha promovido en los hechos la anulación de las garantías individuales, así como el uso recurrente del asesinato y el ajusticiamiento por medios militares por parte del actual Estado burgués– existen al menos 10 mil denuncias por abusos y arbitrariedades realizados por el ejército, algunas de estas consideradas como graves.
Por si fuera poco la ONU promueve que al respecto del caso mexicano la actualización legal en materia de seguridad sea decidida no sin represión, sino con mayor deliberación y acuerdo de las distintas fuerzas burguesas. Esto no es ni puede ser un referente para quienes desde la posición revolucionaria de la clase obrera se oponen a esta recientemente aprobada Ley de Seguridad Interior.
La nueva ley pretende sofocar la insumisión de los trabajadores y trabajadoras, que ha venido intensificándose en los últimos años, y para ello otorga un marco actualizado de legalidad al ejército, marina y fuerzas armadas. En menor medida estos criterios de seguridad ya se observaron a principios de 2017 frente a las acciones de obreros y sectores populares que protestaban por los ajustes al precio de la gasolina, en Ixmiquilpan, Hidalgo, o en Rosarito, Baja California, por mencionar algunos ejemplos. Es decir, la agudización de medidas de la burguesía es un reflejo ante la acción de la clase trabajadora.
La Ley aprobada agudiza la lucha de clases, pues no deja más que dos caminos: el de la rendición y la conciliación con el Poder de los monopolios, y el de la lucha obrera y popular más decidida y al margen de la ingenuidad respecto a las posibilidades democráticas y progresistas del poder burgués. La lucha de clases es cada vez más franca. Y la dominación burguesa más directa y al natural.
El hecho de que la aprobada Ley de Seguridad Interior abarque todos los poderes de la Unión y los diversos niveles de gobierno, expresando el interés de salvaguardar la permanencia y continuidad de los órdenes de gobierno, instituciones y el desarrollo nacional a través del mantenimiento del orden constitucional burgués, desnuda el carácter reaccionario de la iniciativa pues coloca como cuestión de primera prioridad la defensa de los intereses de los monopolios.
Esta defensa de los intereses monopólicos pretende garantizar mediante el mayor uso de las armas los diversos proyectos capitalistas; establecer control territorial donde así lo requieran éstos para favorecer una mayor ganancia y espoliación de los trabajadores, presentando dichas tentativas como positivas a la economía de las familias trabajadoras; la preservación de las medidas de reestructuración capitalista en el marco de la crisis; mayor prevención del orden burgués frente a las consecuencias de la insumisión obrera y popular; así como salvaguardar las zonas económicas especiales.
Las fuerzas armadas federales estarían autorizadas para «controlar, repeler, neutralizar actos de resistencia según sus características y modos de ejecución» hasta llegar a la suspensión de derechos de la población. Legalmente esto puede ocurrir, incluida posible ocupación militar, durante un año y con posibilidades de prorrogarse a iniciativa del Presidente y órganos creados para propósitos de la ley. Insistimos, estas acciones no son una novedad, en cierta medida se ejecutaban con anterioridad. El Estado se dispone a ajusticiar toda acción que a su juicio sea ajena a propósitos estrictamente político-electorales y/o no tengan un carácter pacifista.
La Ley de Seguridad Interior es una declaración de guerra contra la clase obrera y diversos sectores de la población. La ley tiene la posibilidad de activarse a iniciativa del Presidente de la República o a petición de las legislaturas estatales, lo cual dará paso a un mayor cabildeo, lobby o corrupción de los monopolios frente a los distintos niveles del poder estatal. La burguesía tiene carta abierta para que el Estado lleve a cabo toda acción que resguarde sus propósitos.
Hace décadas la burguesía en el poder aún podía pasar con mayor tranquilidad como la progenitora de toda la sociedad, la clase cuyo mandato garantizaba los derechos de todas las otras clases y sectores de la población. Cuya Constitución Política, en los discursos académicos y políticos de la burguesía misma, es apenas comparable o incluso superior a la constitución de la URSS. La burguesía aún se presenta como la gestora idónea de los derechos humanos de primera y segunda generación.
El curso del incremento de la concentración y centralización de capital, así como la formación, desarrollo y predominio de los monopolios ha confirmado que lo anterior no corresponde a la realidad, donde para el privilegio y máxima ganancia de los monopolios la burguesía requiere extinguir legalmente y en la práctica diaria los derechos humanos de por lo menos el 90% de la población. Los derechos humanos como el libre tránsito, el derecho de opinión y organización, entre otros, son contrarios a la dominación de la burguesía. Derechos que fueron ganados por la lucha de los trabajadores a través de los años y que hoy la burguesía cancela.
El carácter totalmente reaccionario de la burguesía, anticuada y obsoleta, se expresa en todas sus opciones político electorales o ciudadanas. Ello es una prueba fehaciente de que es traición completa toda acción que tienda a la unidad, frente o alianza temporal o permanente, a una acción de colaboración gubernamental, con cualquiera de las expresiones políticas de la burguesía ligadas por miles de hilos a los monopolios. Entre las diversas fuerzas políticas y “ciudadanas” que hoy buscan competir electoralmente no existe ninguna del lado de los trabajadores/as.
Para el ejercicio pleno de los derechos de organización, de opinión, de libre tránsito u asociación se requiere una sociedad ajena a los intereses ligados a la conservación y desarrollo de la propiedad privada. Esa sociedad distinta no puede ser otra que la guiada por los intereses de los y las trabajadoras, del Poder obrero, la planificación central de la economía y el proceso de construcción colectiva del socialismo-comunismo.
La burguesía niega a sus antepasados revolucionarios del siglo XVIII y XIX a cada paso que da en la actualidad. En sus principios de otros tiempos aparecía orgulloso el derecho inalienable de la rebelión. En México esto se manifestaba en el espíritu y redacción el artículo 39 de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho de rebelión manifestaba una correlación de fuerzas determinada e histórica entre proletariado y burguesía, así como la existencia de sectores populares armados. Ese pasado de derecho a la rebelión no existe hoy realmente en las letras muertas e inofensivas de la constitución burguesa, aplastadas por las iniciativas de fuerza y militares de los monopolios, como es el caso de la Ley de seguridad interior.
El derecho a la rebelión y a cambiar de gobierno en cualquier momento es un derecho que –como todos los demás –ya no vive en la decrépita sociedad burguesa y en el gobierno de los monopolios, cualquiera que sea su denominación y tipo de gestión político-económica sino en la existencia y en posibilidad de desarrollo revolucionario de la clase obrera y sectores populares bajo una perspectiva anticapitalista y antimonopolista; así como en la insumisión obrera y popular que hoy la burguesía busca repeler y aplastar por todas las vías.
En el fondo, los monopolios colocan por encima su intención siempre creciente de observar el más riguroso y exclusivo monopolio del acopio y uso de las armas. Pretenden sustentar cada vez más su dominación en ello. Y, por otro lado, cerrar el paso a todo intento del proletariado y sus aliados a cuestionar dicha situación dotándose de una perspectiva realista que recupere sin ambigüedad la necesidad de todas las formas de lucha para su propia emancipación de clase.
La sociedad capitalista en la que predominan los monopolios es profundamente reaccionaria. De ello depende la sobrevivencia de una clase parasitaria que se impone a la mayoría de la población. Cuando se levantan con fuerza los avisos de mayor arbitrariedad y brutalidad no se trata de implementación de la gestión fascista de la misma burguesía, sino sólo un superior esclarecimiento de la naturaleza de la democracia burguesa. El capitalismo en su fase monopolista, es decir imperialista, es furiosamente reaccionario.
Estamos ratificando una vez más los análisis que hemos hecho sobre la crisis capitalista, la insumisión de la clase obrera y las acciones de la burguesía para mantener a toda costa el modo de producción capitalista. Pero de igual manera eso implica para cada frente del Partido y cada militante el realizar tareas más arduas que permitan desnudar el fondo de estas situaciones ante el proletariado, así como buscar ser vanguardia en las acciones de insumisión y que estas tiendan hacia la ruptura con el poder de los capitalistas y el derrocamiento de dicho poder.
En el capitalismo en su fase imperialista es imposible definir la política de seguridad al margen del interés fundamental que guía y condiciona a la sociedad toda: el de los monopolios; o en función de los valores abstractos de la humanidad y convivencia que promueve la burguesía y pequeña burguesía. Hablar de que es posible en el capitalismo la seguridad sin represión es ilusión, engaño u autoengaño, pretensión por reformar y/o negar el verdadero rostro del capitalismo. De lo que se trata hoy en día, para evitar leyes como la de seguridad interior, es de la preparación del proletariado para derrocar el poder de los monopolios y poner el destino de la humanidad en sus propias manos.
¡Proletarios de todos los países, uníos!
XIV Pleno del Comité Central
del Partido Comunista de México
