En un escenario donde el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones está ya limitado por el desarrollo del país, la capacidad de pago de las personas y la alfabetización para el uso de las mismas, la aprobación –el pasado 14 de diciembre por la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.– de la retirada de las medidas establecidas en el 2015 que favorecían la neutralidad en la red, abre nuevas brechas entre ricos y pobres
Yaditza del Sol González
Aunque desde los años 60 ya el Departamento de Defensa del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) poseía un esquema lógico que permitía entrelazar ordenadores distribuidos entre distintas universidades y centros de investigación del país –creando así el embrión de esa gran red de interconexión que hoy conocemos como internet–, no fue hasta 1993 que la World Wide Web se abrió al dominio público.
A partir de ese entonces y con la creación de Mosaic, la primera versión de un navegador o browser, y otras herramientas gráficas simples para el uso de la red, el número de hosts o equipos de cómputo conectados a internet comenzaría a crecer aceleradamente, tanto así que hoy resulta un espacio ineludible para acceder a medios informativos, redes sociales, descargar archivos y videos, e incluso, como fuente de trabajo.
Sin embargo, la posibilidad de utilizar esta tecnología y sus contenidos pudiera empezar a cambiar, en dependencia de cuánto el usuario tenga en el bolsillo o en su tarjeta de crédito, para pagarles a los proveedores de servicios de internet.
Una realidad que empezó a tejerse desde julio del 2017 con la propuesta de la nueva ley, pero que se convirtió en noticia cuando el pasado 14 de diciembre la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de EE. UU.
aprobó por tres votos contra dos la retirada de las medidas establecidas en el 2015 con la administración de Barack Obama, que impedían a las compañías bloquear el acceso a páginas web, lentificar la conexión o acelerarla, cobrando distinto en función de ello.
Ahora, esa idea de equidad, de neutralidad en la red se ha venido abajo.
Según reseñó el periódico El País, el cambio –presentado como «una victoria de la libertad»– ha llegado de la mano de los grandes proveedores, ya que gigantes de las telecomunicaciones como Comcast, AT&T o Verizon se han aliado con el gobierno de Trump para romper el dique legal que evitaba, precisamente, que esas empresas impusieran sus dictados en el tráfico y los contenidos de la red.
En tal sentido, las consecuencias del cambio pueden ser más profundas de lo que se aprecia a simple vista, pues en un escenario de no neutralidad los usuarios se ven obligados a pagar cargos adicionales o comprar paquetes de servicios a las compañías telefónicas para poder navegar por algunos sitios web.
VOCES EN CONTRA
«La retirada de la neutralidad supondrá restaurar la libertad, volver a un internet mejor y más barato. Seguirá
habiendo protección para el consumidor y su acceso no se verá limitado. Pero no es nuestro trabajo decidir quién gana y quién pierde en la economía de internet. El gobierno dejará de regular sobre cómo los proveedores deben manejarse, y estos tendrán incentivos para afrontar la próxima generación de redes y servicios», comentó públicamente Ajit Pai, presidente de la FCC, al conocerse la noticia.
Aunque la reciente medida tienes sus defensores, no son pocos los criterios que alegan que la decisión supone una amenaza para internet, para la libre competencia y la innovación.
Una misiva que se publicó bajo el nombre Los pioneros a favor de la neutralidad, y que firmaron 21 personas
–entre ellas Vinton Cerf, considerado el padre de internet; Steve Wozniak, cofundador de Apple; Tim Berners-Lee, creador de la www, y Mitchell Baker, presidenta de la Fundación Mozilla–, salió a la palestra pública para defender lo que consideran una gran pérdida de libertad para la sociedad.
«La neutralidad de la red es clave para prevenir que los proveedores de acceso bloqueen el contenido, las webs o aplicaciones, que puedan hacer más lentos o más rápidos los servicios o que los clasifiquen por categorías para cobrar por ir por los carriles más rápidos. Esta ley elimina la supervisión de prácticas discriminatorias», explican en la carta.
Hay que mencionar que a mediados de noviembre, cuando se conoció el borrador de la FCC para proponer los cambios sobre la neutralidad en la red, cientos de compañías tecnológicas de EE. UU. hicieron pública su inconformidad.
En esa ocasión, Facebook dijo que estaban «decepcionados de que la propuesta de la FCC fallara en mantener las fuertes protecciones a la neutralidad de internet que aseguran que permanezca abierta para todos», reseñó BBC Mundo.
En tanto, un grupo conformado por cerca de mil negocios en EE. UU., escribió, en una carta abierta a la comisión, que dependían de una internet abierta para que las grandes compañías de cable no pudieran discriminar a pequeñas empresas, como ellos.
Incluso, en la propia FCC se escucharon voces divergentes al aprobarse la regulación el pasado 14 de diciembre. La comisaria demócrata Jessica Rosenworcel comentó que «la medida sitúa a la Comisión en el lado equivocado de la historia, la ley e internet».
LA «NO NEUTRALIDAD»… EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES
Un ejemplo de lo que sucede cuando se navega en una red menos igualitaria, es el caso de Portugal. Como miembro de la Unión Europea, este país está regido por leyes que prohíben a las empresas disminuir la conexión o bloquear el acceso a determinados servicios, sin embargo, lo que no está regulado es ofrecer contratos en los cuales ciertas aplicaciones o páginas web no consumen datos del paquete general.
Esto se traduce en que el usuario puede navegar por los contenidos de un operador de internet con un paquete de libre acceso, pero si quiere acceder a otros servicios fuera del rango de este operador, tendrían que pagar por ello.
En el caso de Guatemala, por otra parte, las compañías ofrecen paquetes prepago con acceso no ya a un conjunto de servicios similares, sino a una sola aplicación, explicó a BBC Mundo, Renata Ávila, asesora de la organización World Wide Web Foundation en temas de derechos digitales.
Entonces lo que los usuarios hacen es tener una tarjeta SIM con WhatsApp gratuito ilimitado, otra con Facebook y otra con ciertos megas de navegación diarios. Luego van cambiando las tarjetas según sus necesidades o directamente usan teléfonos que tienen entradas para más de una, relató.
Según Ávila, el más desfavorecido por esta hiperfragmentación del acceso a internet es aquel que tiene poco dinero para conectarse, «que es justamente el usuario al que hay que empoderar, ayudar que amplíe su horizonte, que postule a trabajos online. Son usuarios que darán prioridad a lo más barato e indispensable, que es el internet de consumo y pasivo, pero perderán la posibilidad de acceder al internet de la creación e innovación».
Si bien hasta ahora los grandes proveedores de internet en Estados Unidos no han hablado de sus planes futuros en el contexto de no neutralidad, lo cierto es que la nueva medida les abre el camino para condicionar el acceso que tienen los usuarios a la información.
Una de las posibles ramificaciones sería que las compañías telefónicas ganen aún más poder, pudiendo limitar el acceso a ciertos contenidos. Pero el nuevo esquema afectaría, además de a los usuarios, a las pequeñas o nuevas empresas que surgen en el escenario web.
Para estas últimas ya resulta difícil competir con consorcios reconocidos como Google, Amazon, Netflix o Facebook, pero si ahora le sumamos que tienen que pagar a las operadoras tarifas especiales por un acceso preferencial a internet, lo que probablemente suceda es que sus contenidos lleguen con peor calidad y a un menor número de usuarios, pues un gran porciento no podrá asumir los nuevos costes.
Aun cuando la reciente regulación se limita al territorio de Estados Unidos, lo preocupante radica en que la mayor parte de los servicios que hoy circulan en la red están desarrollados por compañías de ese país anglosajón. De ahí que no son pocos los especialistas y directores ejecutivos (CEO) de empresas de telecomunicaciones que alegan que el llamado internet de dos velocidades, o el internet para ricos y pobres –diferenciadamente– está más cerca de lo que imaginamos.
Quizá muchos de ellos no han visto que esta medida solo incrementa esa brecha digital, pues las tecnologías de la información y las comunicaciones tienen desde hace rato desiguales niveles de acceso, marcados por el desarrollo de cada país, los niveles de ingresos de los individuos, que establecen prioridades de acuerdo con esto, y hasta la alfabetización para hacer un uso óptimo de estas herramientas.
