El evidente agotamiento que sufre el sistema político que adoptó su forma democrático-burguesa tras una malograda transición y la firma de una Constitución “intocable” hace casi cuatro décadas, puede verse reflejado en el desmesurado agravamiento de la represión en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida diaria, incluido el de la red.
Las últimas sentencias relacionadas con la opinión y el humor en las redes sociales han vuelto a reabrir una controversia de lo más recurrente en vísperas de las cada vez más frecuentes oleadas represivas: la de los límites del humor y de la expresión en internet. Pero entendemos que, tras estas condenas, existe una marcada motivación ideológica que hace necesario centrar el debate en el carácter político de las mismas, independientemente de que los chistes nos hagan gracia o nos parezcan de mal gusto.
Tal vez la más sonada de estas maniobras represivas fuera la “Operación Araña”, que constó de cuatro fases, de las cuales la primera tuvo lugar durante el mes de abril de 2014, y la última, dos años después, en abril de 2016. Esta operación policial que tenía como objetivo la persecución arbitraria de usuarios de Twitter y Facebook que, según la Guardia Civil, hubiesen cometido delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a la víctimas en dichas redes, se saldó con 77 personas detenidas, de las cuales 2 de ellas fueron absueltas, 42 fueron condenadas y el resto están pendientes de juicio. La “Operación Araña” deja a su paso nombres como Cassandra Vera, la twitera que bromeó sobre la muerte del almirante fascista Luis Carrero Blanco; César Strawberry, líder del grupo de rap-metal Def Con Dos que ironizó en clave de sátira sobre la vuelta de bandas armadas como ETA o los GRAPO; o Alfredo Ramírez, la primera persona que ha ingresado en prisión tras la operación, por supuesto enaltecimiento del terrorismo.
A estos casos se suman las condenas a raperos como Pablo Hasel, quien ya ha pasado innumerables veces por la Audiencia Nacional, o Valtonyc, condenado a tres años de cárcel, ambos por las letras de sus canciones. Años atrás, además, ocupaban los titulares casos como los del grupo de rock Soziedad Alkoholika, el cierre de Egunkaria o la polémica con el grupo de rap los Chikos del Maíz.
Aunque sería imposible enumerar todos los casos de represión contra la libertad de expresión vinculados al pensamiento crítico y de izquierdas, y nada más lejos de nuestra intención estaría el promover más detenciones por escribir en la red, no deja de resultar llamativo que podamos contar con una sola mano (y nos sobrarían dedos), las condenas por las muchísimas publicaciones que pueden encontrarse en redes sociales jaleando la violencia contra las mujeres, haciendo apología del fascismo o mostrando alegría por el atentado yihadista en Barcelona, ya que las víctimas “eran catalanas”.
Es indudable que se trata de una persecución ideológica, con la que el Estado burgués marca terreno y pretende dar ejemplo. No es de extrañar que la práctica totalidad de las condenas hayan recaído sobre gente joven, en su mayoría simpatizantes de ideologías como el comunismo, el anarquismo, el independentismo o los movimientos sociales, así como cantantes que en sus letras promueven la conciencia crítica. La libertad de opinión existe solo para quienes opinan a coro con la ideología dominante. Quienes no lo hacen, corren el riesgo de verse sorprendidos por agentes encapuchados, sentados en el banquillo de los acusados y sometidos a una presión desproporcionada para un hecho tan básico como es el expresarse libremente en 140 caracteres.
Kevin Álvarez
