A solo días de la fecha establecida para el nuevo referendo por la independencia de Cataluña, las tensiones entre el gobierno español y esa comunidad autónoma continúan en aumento.
Entre protestas a favor de la votación, detenciones de funcionarios catalanes y pronunciamientos del Gobierno en aras de que no se efectúe el referendo para respetar la integridad nacional, transcurren los días previos al 1ro. de octubre, fecha pactada por la comunidad autónoma para una consulta que fue suspendida por el Tribunal Constitucional de la nación ibérica.
Recientemente, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy lanzó una última advertencia a los catalanes con ansias independentistas: «no sigan adelante (…) el proyecto de ruptura no tiene ningún futuro».
Sin embargo, la respuesta del presidente de Cataluña, Carles Puidgemont no se hizo esperar. «Quiero apelar a la gente a que se siga defendiendo con el mismo entusiasmo, civismo y firmeza. Vamos a ganar el desafío», afirmó.
Las presiones entre ambas partes han dividido a España en dos bandos: aquellos que apoyan el referendo independentista y aquellos que se oponen.
A inicios de septiembre, el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley de Referendo para la Independencia de esa comunidad autónoma; sin embargo tras una petición de Rajoy al Tribunal Constitucional, ello fue suspendido.
De acuerdo con la Carta Magna española las comunidades autónomas (como Cataluña) no tienen potestad para convocar a un referendo, sino que las consultas solo las puede convocar el Rey (a propuesta del presidente del Gobierno y con previa autorización del legislativo).
Los catalanes, sin embargo, continuaron los preparativos para la consulta del 1ro. de octubre, y desde ese momento comenzó un proceso de acción–reacción entre el Gobierno y las autoridades catalanas.
En un primer momento, la Guardia Civil –por orden del Ejecutivo español– bloqueó una treintena de páginas web y decomisó más de nueve millones de papeletas y carteles relacionados al referendo.
Cataluña no se quedó de brazos cruzados y los independentistas se las arreglaron para subir a un nuevo sitio digital dónde podrá votar cada catalán este 1ro. de octubre.
La pasada semana, la Guardia Civil española detuvo a más de una decena de organizadores del referendo catalán, durante una operación que incluyó además registros a los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación de la comunidad autónoma.
Tras las detenciones, y en un artículo publicado en el diario británico The Guardian, Puidgemont calificó de «antidemocrática» la actuación del Gobierno español, y afirmó que con ello se ha suspendido de facto la autonomía y ha llevado a Cataluña a un «estado de emergencia».
Mientras, en Cataluña y más de 40 ciudades de España se efectúan desde la pasada semana manifestaciones populares en apoyo al referendo del 1-O. Desde la Puerta del Sol, mítica plaza madrileña, las personas se reunieron bajo el lema «por el derecho a decidir y las libertades democráticas».
UN REFERENDO FUERA DE LA LEY
La Constitución del país ibérico «se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles». Asimismo, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía, no a la secesión.
El ministro de Justicia español, Rafael Catalá, aseguró –al referirse al proceso independentista catalán– que «quien se salta la ley, quien comete un delito y quien incumple una sentencia tiene que responder».
En ese sentido, el anterior presidente de la comunidad, Artur Mas, está cumpliendo una sentencia de dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por la consulta popular del 9 de noviembre del 2014.
El 9-N, como es conocido el suceso, fue prohibido por el Tribunal Constitucional, sin embargo, se efectuó. En esa ocasión se consultaba si Cataluña debía ser un Estado y, en caso afirmativo, cuestionaba si debía ser independiente; el 80 % de los 2 305 290 votantes que participaron (alrededor de un 33 % de los electores) votaron al Sí-Sí.
La consulta del 2014, no tuvo carácter vinculante, sin embargo la que se efectuará en los próximos días sí aspira a tenerlo, y en caso de que la mayoría de los votantes responda afirmativamente a la pregunta «¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?», el Parlamento de la comunidad proclamará de inmediato la República Catalana.
Sin embargo, ¿por qué tanta perseverancia en lograr una Cataluña independiente de España? Quienes lo apoyan se basan en el principio de que el pueblo de esa región es básicamente soberano en relación con su historia, cultura y lengua propia.
Además, afirman que mientras sean parte de la nación ibérica no lograrán alcanzar su auge cultural y económico.
En cuestión de cifras, Cataluña acoge a un 16 % de la población española, y representa un 20 % aproximadamente del Producto Interno Bruto del país, siendo la economía más exportadora.
Ello implica, de independizarse la comunidad, que la economía española se reduciría en un 25 %.
En ese sentido, los catalanes también afirman que pagan los mayores impuestos, y no son quienes más reciben a cambio.
A pesar del apoyo y las manifestaciones que ha recibido el referendo en España, los números en Cataluña no son alentadores: según una encuesta citada por El País, un 61 % de los catalanes considera que este no puede ser considerado válido internacionalmente, y solo un 40 % cree que el próximo 1ro. de octubre se podrá celebrar con normalidad en el territorio de la comunidad.
Mientras tanto, el Gobierno español hace todo lo posible por evitar el referendo, y en Cataluña se ultiman detalles para su celebración, por lo que se hace incierto qué ocurrirá exactamente el próximo 1ro. de octubre en el país ibérico.
Gabriela Ávila Gómez
