El 26 de junio la Comisión de Valoración del Gobierno vasco analizó las 239 peticiones de víctimas del terrorismo de Estado en el periodo 1960-1978 y presentó el documento, titulado “Saliendo del olvido” en el que se detallan los testimonios de las víctimas y la labor de documentación llevada a cabo por la comisión en los últimos años. De todas las peticiones tramitadas, 52 no han sido reconocidas. En 34 casos el gatillo fácil se saldó, según el informe, con la muerte de la víctima, entre ellas cuatro menores de edad.

La comisión de valoración ha puesto nombre a algunas de las víctimas, ha identificado a los supuestos autores de los abusos policiales y ha cuantificado la reparación económica que merecen:

– la violación a manos de la guardia civil se paga a 35.000 euros
– un trastorno de neurosis-obsesiva compulsiva a 95.000 euros
– la pérdida auditiva provocada por “torturas y vejaciones policiales” cuesta 45.000 euros
– el daño crónico provocado en una pierna por un disparo a manos de la policía devenga una factura de 10.000 euros
– la muerte también tiene precio máximo: 135.000 euros
– la tortura cuesta sólo 5.000 euros

El informe contempla una reparación de hasta 390.000 euros para víctimas que sufrieron una gran invalidez por culpa de las torturas o abusos y fija una horquilla de entre 35.000 y 95.000 euros para quienes padecieron algún tipo de incapacidad permanente -absoluta, total o parcial-.

Tras abandonar el seminario de Aranzazu, donde se formó para fraile, un joven de Bergara (Guipúzcoa), pasó a formar parte de ETA, en 1973 y fue detenido. La víctima reclamó al gobierno vasco que le reconociera la condición de ‘víctima policial’ tras haber padecido torturas. La policía le golpeó y le prácticó torturas de asfixia como “la bañera” o “la bolsa”. Ahora se le reconoce una reparación de 5.000 euros.

Una mujer, asistenta de un teniente coronel, fue violada por un guardia civil, según concluye la Comisión de Valoración, que le reconoce el derecho a percibir una indemnización de 35.000 euros al dar por válida su denuncia. Su relato detalla cómo los dos agentes se presentaron en su casa, cuando estaba sola, en busca de un arma desaparecida de la casa del general en la que trabajaba. Tras amenazarla, habría sido violada por uno de ellos, tras lo cual se quedó embarazada y decidió abortar. Aquellos hechos, los ha mantenido en secreto 45 años –continúa el relato de la Comisión- sin contárselo ni siquiera a su marido.

Una de las indemnizaciones más elevadas, 95.000 euros, se concede a una víctima que denunció durante varios días en 1971. Nacido en Ciudad Real, siendo aún joven se trasladó a San Sebastián, donde se implicó en movimientos obreros y laborales. Detenido por la policía, fue acusado de asociación ilícita y difusión de propaganda, cargos de los que fue absuelto. Sin embargo, las torturas que padeció y que ahora son reconocidas por el Gobierno vasco le hacen merecedor de la citada reparación económica.

A otra mujer, que en el momento de los hechos apenas era una niña de 14 años, el Gobierno vasco le reconoce el derecho a una indemnización de 35.000 euros por el tiro que recibió por la espalda y que le dejó malherida. La joven regresaba del cine con una amiga y tras ser recogida por unos amigos en un coche, que detuvo la Guardia Civil, se vio envuelta en un altercado. Los hechos le provocaron un profunda depresión y temor a retomar una vida social normalizada durante casi una década.