Por Keila López Alicea
El estudiantado del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) decidió en asamblea ratificar la huelga y continuar la lucha con los portones cerrados.
Con 1,993 votos a favor y 533 en contra, los universitarios respaldaron continuar con la huelga como mecanismo de lucha para rechazar los recortes presupuestarios que se avecinan para el sistema universitario y de las imposiciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como reafirmar su apoyo a una auditoría de la deuda pública, entre otros reclamos.
Por su parte, los estudiantes de la UPR en Bayamón ratificaron mantener la huelga con 388 votos a favor y 343 en contra.
“Es el momento de reafirmar nuestros reclamos, continuar luchando y ejerciendo presión a la administración, el gobierno y la JCF (Junta de Control Fiscal) que continúan de manera desmedida tomando decisiones y aprobando leyes que ponen en riesgo aún más nuestra calidad de vida y nuestro futuro”, lee la moción presentada en la asamblea ríopedrense, mediante la cual además se pidió la renuncia de la superintendente de la Policía, Michelle Hernández y el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, así como pedir que la Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend) y los profesores se unan a la huelga.
Los portones del recinto de Río Piedras han estado cerrados desde el 28 de marzo, cuando inició un paro estudiantil en el principal centro docente del País. El 6 de abril comenzó una huelga sistémica, a la que llegaron a unirse nueve recintos.
Los universitarios derrotaron ampliamente una moción que fue presentada para continuar la lucha con los portones abiertos.
Previo al respaldo a la huelga, miembros del Comité Negociador del recinto presentaron un informe en el que detallaron las medidas que se pueden implementar para cumplir con los reclamos estudiantiles. Entre ellas enumeraron un paquete de medidas legislativas -que incluyen aumentar los impuestos a propiedades muebles e inmuebles de lujo y a las propiedades reposeídas- los cuales aseguraron que generarán más que los recortes propuestos.
Los estudiantes riopedrenses también avalaron nuevamente exigirle la renuncia a la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández, y que esta sea sacada de la lista de candidatos a presidir la institución en propiedad. También se pidió que se saquen al expresidente de la UPR, Miguel Muñoz, y el exrector del recinto de Bayamón, Arturo Avilés, de los candidatos que evalúa el Comité de Búsqueda y Consulta de la Junta de Gobierno de la UPR.
“Negarse a la renuncia es un llamado a la confrontación violenta”, se lee la moción aprobada.
Mociones con exigencias similares han sido aprobadas en asambleas de otros recintos de la UPR y en la Asamblea Nacional, que se celebró el 5 de abril.
Las primeras discusiones de la jornada estuvieron centradas en proveer información actualizada a los universitarios sobre la situación financiera de la UPR, el desarrollo del plan fiscal que fue rechazado por la Junta de Gobierno hace dos semanas, la acreditación de la institución y el estatus del recinto de Río Piedras para recibir ayudas económicas federales.
El representante estudiantil ante la Junta de Gobierno, Gilberto Domínguez, recordó que dado que la institución no entregó un plan fiscal a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 30 de abril, será el organismo federal que controla las finanzas del País el que confeccionará el documento financiero para el sistema universitario.
Aunque no se tienen detalles de lo que podría trabajar la Junta, Domínguez destacó que esto no implica que no habrá recortes para la UPR pues ya se sabe que la reducción para el próximo presupuesto será de $149 millones.
Estos cortes financieros han provocado gran preocupación entre el estudiantado, quienes cuestionaron, en los primeros turnos de preguntas, cómo estos impactan la acreditación otorgada por la Middle States Commission on Higher Education y la capacidad del recinto de recibir ayudas económicas federales.
Al momento, el recinto de Río Piedras perdió la elegibilidad a programas de Título IV que otorga el Departamento de Educación federal -como la beca Pell y préstamos federales- debido al cierre, pero no ha sido descertificado. Esto significa que no tiene acceso a los fondos al momento, pero puede solicitar recuperar la elegibilidad tan pronto se retomen las labores.
“Este semestre, en algún momento va a terminar. Cuando este semestre termine y no conflija con el inicio del próximo semestre, una vez se reanuden las clases se pide la elegibilidad, se pide el proceso del Departamento de Educación federal, y los estudiantes continuarán recibiendo las ayudas”, expresó el vicepresidente del CGE, Jorge Rivera.
En las últimas semanas, los estudiantes de los recintos de Mayagüez y Cayey han expresado su apoyo a continuar la huelga, mientras que en Utuado y Carolina han decidido suspenderla. No obstante, estos recintos no han abierto aún, debido a cuestionamientos de sectores estudiantiles sobre las asambleas celebradas.
La asamblea comenzó poco después de las 11:00 a.m. con más de 2,000 estudiantes registrados.
Al filo de las 3:00 p.m., al encuentro habían llegado 3,298 universitarios.
Como parte de los trabajos se aprobó asimismo una moción para rechazar el plebiscito que se celebrará el 11 de junio y para que se impulse un boicot al mismo ya que no responde “a las necesidades de Puerto Rico”.
