La reducción del número de diplomáticos estadounidenses en Rusia, así como la suspensión del uso de la residencia de la Embajada de EEUU en Moscú, son solo los primeros pasos del Kremlin en su respuesta a las sanciones de Washington, indicó el senador ruso Frants Klintsévich.
Según declaró a Sputnik el primer vicepresidente del Comité para la Defensa y la Seguridad del Consejo de la Federación, Moscú tendrá que adoptar medidas mucho más serias y amplias.
«Vemos que ha sido infinita la paciencia de las autoridades rusas. Por desgracia, los estadounidenses creen que pueden continuar humillando a Rusia. Pero los intentos de Washington de mantener la presión económica sobre Rusia violan el derecho internacional», indicó.
Agregó que «al tomar decisiones en el ámbito internacional, algunos países europeos solo tienen en cuenta la rentabilidad de estas decisiones, y no el sentido común o el cumplimiento de la legislación».
Klintsévich destacó que las nuevas sanciones antirrusas también afectan a los intereses económicos de Europa, lo que hará que los europeos reconsideren su actitud hacia las acciones «contraproducentes» de Washington.
«Vamos a estar bien, tenemos una enorme capacidad de recuperación, y EEUU tendrá que reaccionar a nuestra respuesta. Es imposible poner de rodillas a Rusia, así que todo esto va a acabar mal para Europa y EEUU. El hecho es que todo lo que hacen los estadounidenses es sumamente injusto», concluyó.
El 28 de julio, el Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley que incluye sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. La ley, que aún debe ser firmada por el presidente Donald Trump, incluye nuevas restricciones contra altos cargos rusos por la supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses de 2016, acusación que Moscú ha desmentido en reiteradas ocasiones. Asimismo, la medida endurece las condiciones de financiación en EEUU para las entidades rusas sancionadas y deja la puerta abierta a castigar a las compañías europeas que colaboren con Moscú en proyectos importantes relacionados con la exportación de hidrocarburos.
Como respuesta, el Ministerio de Exteriores ruso pidió que Washington limitara a 455 personas la plantilla de sus legaciones diplomáticas y consulares en Rusia para el próximo 1 de septiembre y anunció que suspende el acceso de los estadounidenses a varios inmuebles en Moscú, entre ellos, la residencia de verano —dacha, en ruso— diplomática ubicada en el parque natural de Serebriani Bor, en Moscú.
La calidad y la excelencia de los servicios de Neonatología del país que mantienen la supervivencia de los recién nacidos al 99,2 %. Foto: Radio Cadena Agramonte
Cuba alcanzó una tasa de mortalidad infantil de 4,1 por cada mil nacidos vivos al cierre del primer semestre del presente año, indicador que constituye una expresión del desarrollo social integral de la nación, sólo comparable con los que muestran algunos países del llamado primer mundo.
El diario Granma, en información publicada este sábado, cita al doctor Roberto Álvarez Fumero, jefe del Programa Materno Infantil (PAMI) del Ministerio de Salud Pública, quien destacó la consolidación del trabajo de las instituciones de sanitarias de la Isla que, entre otras acciones, promocionan la práctica de la lactancia materna, y la creación de bancos de leche humana, los cuales suman nueve en la nación.
Álvarez Fumero explicó que esa cifra representa 44 defunciones menos de niños menores de un año con respecto a igual período del año anterior, e informó que también disminuyeron las muertes infantiles por afecciones perinatales, hemorragia pulmonar, y sepsis adquiridas.
En igual lapso, destacó el especialista, se redujo la tasa de mortalidad materna a 37,8 por cada 100 mil nacidos vivos, lo que significa que murieron nueve madres menos que en igual período anterior, y solo una por hemorragia posparto.
Asimismo, destaca la calidad y la excelencia de los servicios de Neonatología del país que mantienen la supervivencia de los recién nacidos al 99,2 %.
Tales indicadores, señaló Álvarez Fumero, son resultado de los esfuerzos del Estado cubano por mantener la salud del pueblo, a pesar de los daños que causa el criminal bloqueo económico, financiero y comercial de los EE.UU. contra Cuba, y del esfuerzo y dedicación de los trabajadores del sector.
La Habana, (PL) Más de 630 salas de navegación a internet diseminadas por todo el país, 370 sitios públicos para acceso a wifi y cuatro millones de usuarios con acceso a las redes son algunos de los principales logros de Cuba en aras de la informatización de la sociedad.
Avanzamos en la creación de capacidades para el acceso de internet a la población con la perspectiva de que las tarifas sean cada vez más asequibles, aseguró recientemente el ministro cubano de Comunicaciones Maimir Mesa ante el parlamento.
En una jornada dedicada a dar a conocer la política integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad, previo al IX periodo de sesiones de la octava legislatura de la Asamblea Nacional, el 14 de julio último, Mesa insistió que a pesar de las limitaciones económicas, se avanza en este sentido.
Como primeros resultados, explicó que el ancho de banda aumentó en un 72 por ciento para las instituciones, mientras existen ya 869 radiobases en la red de acceso para la telefonía celular, 358 de ellas, que soportan la tecnología 3G.
De los cuatro millones de usuarios con acceso a las redes, de esos, más de un millón 500 mil con servicio a través de cuentas permanentes nauta.
Ese servicio público de correo está en manos más de dos millones de usuarios, y más de 600 contrataron el servicio de acceso a Internet desde el hogar, aunque, apuntó, todavía no tiene las tarifas más asequibles.
Resaltó además como logros, que más de siete millones de habitantes tienen cobertura de la señal digital terrestre, y se han comercializado más de un millón de receptores de televisión digital (las llamadas cajitas, y los televisores híbridos), están en funcionamiento 910 cajeros automáticos y hay más de tres millones de tarjetas bancarias, así como que se han desplegado otros canales de pago electrónico.
El ministro explicó que se dan los primeros pasos para la informatización de los registros públicos en el país, tarea que consideró ardua. Se trata, puntualizó, de registro de personas naturales, jurídicas, muebles e inmuebles, propiedad intelectual, entre otras.
La informatización hospitalaria y de las oficinas de control y cobro de multas de la Oficina Nacional de Atención Tributaria, la implementación del sistema digital para el servicio mayorista de las farmacias, el despliegue de la distribución del sistema operativo de código abierto NOVA, y la disminución del precio de la navegación nacional a 0,10 centavos de moneda libremente convertible, figuran entre otros resultados.
A juicio del titular, hay muchas cosas por hacer, relacionadas con los problemas de conectividad, asequibilidad de los servicios y acceso, carencia de esquemas de sostenibilidad y modelos de negocios ventajosos, y la escasa implementación de servicios digitales. En la medida que las posibilidades económicas lo permitan mejorará la calidad de vida de los ciudadanos, mediante estas prestaciones y se elevará la eficiencia de los procesos productivos y de servicios, subrayó.
Enfatizó el ministro, acompañado de su equipo de viceministros, en su mayoría jóvenes, que esta política integral para el Perfeccionamiento de la Informatización de la Sociedad se convertirá, según sus principios generales, en un arma para la defensa de la Revolución.
También garantizará la ciberseguridad de la nación frente a las amenazas, los riesgos y ataques de todo tipo y asegurará la sostenibilidad y soberanía tecnológica.
Potenciar el acceso de los cuidadnos al empleo de las nuevas tecnologías de la Informática y las Telecomunicaciones, así como desarrollar y modernizar todas las esferas de la sociedad de acuerdo a las prioridades constituyen otros de sus pilares.
Para su puesta en marcha se llevan a cabo varias acciones en el periodo 2017-2020, definidas en dos líneas: la creación de una infraestructura tecnológica y la generación de servicios y contenidos digitales.
Todo esto se lleva adelante pues existe voluntad política de desarrollar la informatización de la sociedad, resaltó el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel.
Este proceso debe atravesar todos los procesos ideológicos, económicos y sociales. En lo ideológico, dijo, uno de los impactos tiene que ver con la generación de contenidos. Nuestras plataformas deben estar orientadas a la gestión del conocimiento, que eleve los valores culturales de nuestro pueblo.
También muestra un impacto económico, pues dotan a los procesos productivos y creativos de una mayor eficiencia, señaló. En el aspecto social, subrayó, el desarrollo de plataformas informáticas permite a los ciudadanos interactuar con el gobierno y las instituciones, y puedan sugerir, criticar, argumentar, proponer. Tengo la convicción de que a pesar de las limitaciones financieras e infraestructurales, se puede hacer mucho todavía en materia de gobierno electrónico, por lo que debemos aprovechar más lo que tenemos, resaltó.
Compañeros y compañeras del recientemente fallecido Justo de la Cueva, vasco, marxista e independentista, convocan a un acto de homenaje en Bilbao el próximo 6 de agosto a las 11h en el gaztetxe (centro social juvenil) Zazpi Katu. Primero se pasará una película, “Guerra sucia”, después habrán intervenciones, debate, hasta las 13h que es cuando se hará el homenaje en la calle.
Los organizadores señalan en la invitación: “Esperemos que vengáis muchas personas, los más mayores para recordar a un militante comunista y las más jóvenes para conocerlo”.
Desde Resumen Latinoamericano nos sumamos a este homenaje, ya que conocimos mucho a Justo, quien infatigablemente luchó por unir al auténtico comunismo (no el que tranzó vergonzosamente con transición española y muchas veces actuó como colateral de la Guardia Civil y la Policía en la persecusión y condena de militantes independentistas vascos) con la izquierda abertzale,independentista y por el socialismo.
Justo de la Cueva, con el que colaboramos en el portal RED VASCA ROJA, siempre seguirá presente en nuestros corazones y ansias de seguir practicando un periodismo pegado a las causas populares.
28 julio 2017 – La huelga convocada por la oposición venezolana continuaba el jueves por segundo día consecutivo en las principales ciudades del país, aunque con menos adhesión que en la jornada previa, así lo reseñó la agencia internacional Reuters.
La llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no obtuvo el éxito que la oposición esperaba ya que la mayoría de los venezolanos no acataron y salieron a trabajar por el país y a realizar sus actividades cotidianas.
Los adversarios del mandatario socialista dijeron que el paro tuvo un seguimiento del 92 por ciento en la víspera, pero sus números contrastaron fuertemente con un país que acató la huelga solo de forma parcial. Maduro, por su parte, dijo que la medida de presión opositora fue «derrotada», indicó la agencia.
El paro de 48 horas en el segundo día tuvo menos aceptación, fue el titulo más oportuno que consiguieron para decir que al paro lo siguió muy poca gente, porque el país lo que necesita es producir y ese pueblo opositor envió un mensaje claro que rechaza la violencia que se apoderó de las zonas residenciales de la clase media venezolana.
Vea algunas opiniones de venezolanos que opinaron en la cuenta Twitter de Reuters
En entrevista para teleSUR el periodista argentino Marco Teruggi analizó el ambiente en Venezuela a tan sólo dos días de celebrar las elecciones por la asamblea nacional constituyente.
Diversos artistas unieron sus voces para llevar a cabo el concierto «Guatemala canta por la paz de Venezuela», con el propósito de enviar un mensaje de fraternidad y tolerancia al pueblo del país sudamericano. teleSUR
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamó a garantizar la paz y el respeto del derecho al voto en Venezuela durante el proceso electoral de la Asamblea Nacional Constituyente que tendrá lugar este 30 de julio. teleSUR
El régimen borbónico ha acogido menos del 10 % de los refugiados a los que se comprometió con la Unión Europea (UE).
Sólo 1.724 inmigrantes han llegado cuando el Gobierno de Mariano Rajoy prometió que acogería más de 17.000.
Son los últimos 204 refugiados que han llegado a España. Más de la mitad son menores. Vienen desde El Líbano y se distribuirán por 19 ciudades del país.
Todos son sirios y han tenido suerte. Mucha suerte. Forman parte de los 1.724 inmigrantes que España ha acogido. Se comprometió ante sus socios europeos a acoger a más de 17.000 pero por ahora no llega ni al 10% de ese cupo y el plazo acaba el 26 de septiembre.
En el centro de Madrid, la ONG Save the Children (Salven a los niños) recuerda esta falta de compromiso del régimen.
Además de no acoger, está el problema de no asistir en tránsito y eso lo vemos especialmente en el Mediterráneo. Al cerrar la ruta de Turquía los migrantes vuelve a jugarse la vida desde Libia hacia Europa.
Desde Madrid recuerdan que otra política es posible. Ellos como consistorio no tienen capacidad administrativa para por ejemplo dar visados pero le recuerdan a Rajoy que se puede hacer otra política.
La política de asilo del Gobierno español está en el punto de mira. De los más de 17.000 refugiados a los que se comprometió a acoger, el Gobierno español no ha llegado ni al 7 % de esa cifra y tanto, la oposición política como las ONGs, le critican por un lado, la falta de solidaridad y, por el otro, la falta de compromiso con sus socios europeos.
Bolivianos residentes en Argentina portal un cartel mientras bloquean una avenida en el barrio de Flores en Buenos Aires, Argentina, el 5 de abril de 2006.
Enrique Marcarian / Reuters
Las autoridades del país sudamericano no desarrollan políticas de Estado para erradicar la explotación laboral y reducción a la servidumbre; el sector rural y la industria textil son rubros habituales para la trata de personas, aún en el 2017.
«Trabajaba desde las siete hasta la una o dos de la mañana (entre 18 y 19 horas), de lunes a sábados», comenta Olga Cruz Ortiz, una boliviana de 40 años que fue víctima de la vulneración de los derechos humanos más básicos. Hace 20 años que vive en Argentina, llegó sin documentos y eso le imposibilitó conseguir un trabajo formal. Por la extensa jornada, pensó que le pagarían el doble, pero eso nunca sucedió.
Al arribar al país con sus dos hijos, la contrató un pariente de su misma nacionalidad que tenía un «taller familiar» en la Ciudad de Buenos Aires. Olga no pensaba que iba a ser esclavizada por su propio primo. En efecto, se desempeñó durante cinco meses en una casa que fue adaptada para realizar actividades textiles en una de sus habitaciones. «Como no sabía usar las máquinas de coser, cocinaba y limpiaba todo el tiempo, para la casa y el taller», relata.
En el lugar trabajaban «unas 12 personas que solo paraban para ir al baño», comenta, y añade: «Nadie se despegaba de su máquina, incluso comían sobre ella». En las pocas horas que tenían para descansar, intentaban dormir: «Éramos tres o cuatro familias en una pieza con cuchetas para compartir», se acuerda.
Un obrero encaramado a un muro en el barrio de La Boca de Buenos Aires, Argentina, el 12 de abril de 2007. / Srdjan Zivulovic / Reuters
Ortiz también deja evidencias de su vulneración mental en ese contexto: «Los que estaban hace mucho tal vez trabajaban con retiro, pero los que no conocíamos nada teníamos que estar con cama adentro». Y comenta la decepción de aquel momento: «Era una migrante que venía con un montón de sueños, y de pronto me encontraba encerraba entre cuatro paredes, con música, hilo y ruidos de máquinas. Otra cosa no teníamos», se lamenta.
El control de los obreros, y sobre todo, su manipulación psicológica, eran fundamentales para el empleador: «Podíamos salir los domingos, pero solo con el dueño y dejando nuestras cosas en el taller»,explica el sometimiento. Sobre ese punto, añade a RT: «Nos decían que no conocíamos a dónde ir, que nos contrataron para trabajar, no para pasear». Y sentencia: «En general el trabajo esclavo es así, nunca te sueltan».
En aquel entonces era una inmigrante ilegal, y su jefe jugaba con esa desesperación: la perjudicada nunca haría una denuncia frente a las autoridades por temor a sufrir una deportación. El dueño del taller también creía ser el dueño de su vida. A pesar de ello, Olga logró escapar: «Agarré a mis hijos y nunca más volví». Luego hizo trabajos que no le requerían documentación, como limpieza de hogares, hasta que se unió a ‘La Alameda’, una cooperativa de trabajo textil que a su vez denuncia decenas de casos de explotación laboral. Actualmente trabaja en dos marcas de la organización, No Chains y Mundo Alameda, cuyo lema es: «Libre de trabajo esclavo».
Capital de la explotación
Sobre estas demandas, el caso que más resonó contó con acusaciones a los hermanos Daniel y Juliana Awada –actual esposa del Presidente Mauricio Macri -, por reducción a la servidumbre de costureros bolivianos en las reconocidas empresas Cheeky y Como Quieres que te Quiera. Gustavo Vera, titular de la agrupación y presidente de la Comisión Especial por Trata de Personas en la Legislatura porteña, explica: «Fueron cuatro causas penales, pero a pesar de las cuantiosas pruebas, las mataron». Todas comenzaron tiempo antes de que Awada se convierta en Primera Dama, «pero perduraron en el tiempo».
Una de ellas, iniciada en 2007 junto al Gobierno de la Ciudad –cuando gobernaba Jorge Telerman- y la Defensoría del Pueblo, contó con el sobreseimiento de los acusados otorgado por el ex Juez Federal Guillermo Montenegro. Poco tiempo después, renunció a su cargo de magistrado y asumió como ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, cuando Macri ganó las elecciones porteñas. Todo cierra. Actualmente, Montenegro se postula a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.
Obreros trabajan en el pavimento de una calle en el barrio de Villa Palito, en La Matanza, en el área metropolitana de Buenos Aires, Argentina, el 29 de julio de 2015. / Marcos Brindicci / Reuters
«El 80% de la ropa proveniente de la industria textil es ilegal», retoma Vera, y añade otro dato preocupante: «Buena parte se produce en talleres clandestinos ubicados en la capital del país y provincia de Buenos Aires, con trabajadores de Bolivia y el norte de Argentina, para más de 110 marcas importantes». Cabe mencionar que este rubro es uno de los que más fuentes laborales produce, aunque, como destaca el experto, son ilegítimos en grandes proporciones: «Solo en la ciudad más importante de Argentina hay 3.000 talleres textiles clandestinos, el Gobierno porteño en el 2015 registró 2.000 sin habilitar, pero estimamos que son más, contando lo que no se inspeccionó».
Para cuantificar esto en vidas humanas perjudicadas, agrega que «hay un promedio de diez trabajadores por taller», y calcula: «Hablamos de 30.000 personas». Por último, el precandidato a diputado en la Legislatura por el frente Unidad Porteña, concluye: «Esto abarca a toda la industria, no solo hablamos de ferias populares, la trata también termina en ventas de lugares de moda y grandes shoppings». Hasta la fecha en que se publicó esta nota, el Ministerio de Trabajo argentino no respondió las preguntas de RT.
La naturaleza del maltrato laboral
Lejos del ruido de las grandes ciudades, el panorama es todavía más complejo. Si bien es cierto que en la actualidad la cartera laboral del país no brinda datos precisos, en el 2014 –bajo el mandato de Cristina Kirchner- un informe sobre los asalariados agrarios expuso: «Solo un 36% terminó los estudios primarios». En el documento también se destacaron los precarios sistemas de contratación, los bajos salarios, el escaso acceso a la salud y el desarraigo que padecen los trabajadores que abandonan sus comunidades. Incluso, muchos de ellos son empleados por temporadas específicas, produciendo aún más inestabilidad en su desarrollo personal.
Empleados recogen la cosecha en viñedos de la provincia de Mendoza, Argentina, el 27 de marzo de 2015. / Andres Larrovere / AFP
Los altos índices de vulnerabilidad en el ámbito rural reflejan que este sector casi no tiene llegada a la Justicia para presentar demandas y lo que es peor: casi no conocen sus derechos laborales. El Gobierno de Kirchner creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), con el supuesto fin de controlar las irregularidades. Cuando asumió la presidencia Mauricio Macri en 2015, se reemplazó –fallo judicial mediante- por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores (RENATRE), y aunque el nombre suene casi igual, la diferencia es que el Estado dejó de estar a cargo de los controles.
Ahora, el organismo que debe regular el mercado laboral está conformado por asociaciones como la Sociedad Rural Argentina (SRA) – compuesta por grandes terratenientes y empresarios del sector agropecuario – y el sindicato Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Según diversas fuentes consultadas para este artículo, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, el gremio está dirigido por la patronal al servicio de sus intereses. Para confirmar esta hipótesis, ambas entidades se negaron a contestar preguntas sobre el trabajo esclavo en Argentina. ¿Qué ocultan? ¿Qué es más importante que defender a los trabajadores que ellos mismos representan?
Explotación campesina financiando el modelo económico
Para el periodista Sebastián Premici, autor del libro ‘De peatones y patrones’, el sometimiento a los empleados rurales está garantizado por el poder político: «No es casualidad que una de las primeras medidas del Gobierno de Macri haya sido eliminar impuestos de exportación para los grandes sectores agropecuarios, lo que implicó en diciembre de 2015 la suma de 26.000 millones de pesos (unos 1.500 millones de dólares) transferidos directamente al sector. Junto al desmantelamiento del organismo que se encargaba de fiscalizar el trabajo rural en la Argentina, son dos caras de la misma moneda».
El candidato a la presidencia de Argentina, Mauricio Macri, observa los productos exhibidos por manifestantes agropecuarios antigubernamentales, principalmente la Sociedad Rural Argentina, durante una protesta en Buenos Aires, Argentina, el 14 de octubre de 2015. / Reuters
El reportero del diario local ‘Página 12’, sostiene que el «disciplinamiento social es clave para mantener la explotación laboral». Si bien es cierto que las medidas de Kirchner no lograron mejorar la condición de vida de estos sectores en el corto plazo, Premici opina que Macri «debía borrar al RENATEA porque atentaba contra esas ganancias extraordinarias del trabajo esclavo», y destaca: «Entre 2011 y 2015 se rescataron aproximadamente 1.000 trabajadores, hombres y mujeres, incluso niños, como potenciales víctimas de trata laboral».
La función central del ente era hacer un seguimiento de los casos y efectuar las denuncias penales correspondientes. Al respecto, el experto explica: «Desde que asumió Macri no hay denuncias por trata laboral, sin ir más lejos, el otro día hablaba con el Juzgado Federal de Dolores, una zona caliente de la provincia de Buenos Aires, y el juez me contaba que las denuncias pasaron a cero, el RENATRE dejó de hacerlo. Por lo tanto, diría que ahí se ve la matriz completa de cambio».
Según Premici, «muchos trabajadores volvieron a tener miedo de denunciar a sus patrones por estar en condiciones infrahumanas». Además, es difícil que «un tipo que probablemente no terminó la primaria vaya solo a la Justicia sin un organismo que le diga, ‘che, mirá, tenés las herramientas para hacerlo’. Esa persona está sola, no cuenta con el gremio ni el Estado, que garantizan el manto de impunidad».
Las acusaciones del autor no se deben a una simple antipatía política para con el Gobierno actual, sino que responden a un estudio detallado sobre cómo buena parte de sus miembros se enriquecieron a costa del sudor y maltrato campesino. Sobre ello, menciona el ejemplo del actual embajador argentino en España, Ramón Puerta: «Uno de sus campos, en Misiones, tiene más de 1.000 hectáreas. Contaba con 60 trabajadores, de los cuales 40 eran obligados a vivir allí, en carpas, que en realidad eran lonas con palos. Dormían en el piso, o donde podían».
Un vendedor callejero sostiene una bandeja de pasteles sobre su cabeza rodeado de trabajadores durante una manifestación contra las políticas del presidente argentino Mauricio Macri en Buenos Aires, Argentina, el 29 de abril de 2016. / Marcos Brindicci / Reuters
Y continúa: «No tenían luz, tomaban agua sucia de pozo que no era potable. A muchos les habían prometido una paga semanal, cuando llegaron les dijeron que era quincenal y eran obligados a comprar utensilios de trabajo, más la comida, en una despensa que pertenecía al principal socio de Puerta». El dinero nunca salía del predio.
«Por lo tanto, al final del día de trabajo contaban por un lado la cantidad de yerba cosechada, a eso le descontaban los víveres, alimentos y utensilios de trabajo, entonces la paga terminaba siendo baja, incluso en algunos casos negativa», relata el especialista, y argumenta: «Esto lo sé por las experiencias que pude recoger, y también por testimonios que están en la causa judicial que se le inició a Ramón Puerta, donde también hay menores de edad que cuentan esta situación de explotación». ¿Qué pensaría al respecto el Rey Felipe VI?
Jugando a las escondidas
Premici cuenta que el noroeste – provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero- y nordeste argentino –principalmente Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones-, son los territorios más críticos en cuanto a este flagelo, sumados a sectores de la provincia de Buenos Aires.
Para reclutar personal, comenta que los superiores suelen buscar obreros baratos en «distintos barrios, de a más de 100 kilómetros, y luego se los llevan a los campos», y detalla: «Los trasladan en camiones como ganado y al estar lejos de sus domicilios no tienen más que quedarse en las plantaciones».
Por otro lado, explica un particular mecanismo empresarial para evitar ser descubiertos: «En los campos de tarefa –yerba-, hay arbustos muy altos donde uno se puede esconder. Cuando fui ahí, y las personas que bajaban de un colectivo me visualizan, ¡se escapan! Empezaron a correr y hasta dejaron sus cosas tiradas». Las órdenes de los empleadores son muy claras: «Hay dos trabajadores que cuando llegó el RENATEA fueron obligados por sus capataces a correr y esconderse en el monte durante dos días».
Para terminar la entrevista, el escritor opina que «no se debe pensar que esto es como un caso de explotación del siglo XIX, la explotación tiene que ver con las circunstancias que rodean a las personas». Ya no son necesarios los látigos y las cadenas, el sometimiento también se modernizó.
Familiares de la líder indígena y ambientalista hondureña, Berta Cáceres, denunciaron que han sido víctimas de una campaña de odio y atentados intimidatorios contra la vida, luego que el Banco Holandés de Desarrollo (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FINN FUND) anunciaran el retiro del financiamiento al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, al cual se oponía Berta Cáceres por amenazar el patrimonio natural, cultural, económico y hábitat del pueblo lenca en Honduras.
La información fue confirmada por Olivia Cáceres, hija de la líder indígena, quien también detalló que durante una conferencia de prensa se emitió una alerta internacional, para que la comunidad y defensores de los Derechos Humanos del mundo estén atentos ante lo que sucede entorno a la impunidad en el caso de Berta Cáceres, y ataques contra su familia.
“Hemos recibido amenazas de muertes, intimidación y persecución por las redes sociales, medios de comunicación masivos en nuestro país, que tienen una guerra de odio contra nosotros, y que viene del Gobierno de Honduras, desde el Partido Nacional que está de turno. Ellos son los responsables de esta campaña”, aseguró en una entrevista dada al programa El Tren de la Tarde transmitido por La Radio del Sur.
Impunidad en caso de Berta Cáceres
Respecto al Caso de Berta Cáceres, Olivia manifestó su miedo y preocupación de que el caso quede en total impunidad, y que los autores materiales e intelectuales no sean castigados con todo el peso de la ley como corresponde.
Destacó que hasta la fecha ni siquiera han sido abiertas líneas de investigación con los autores intelectuales, u agragó que actualmente hay al menos 8 personas detenidas, entre ellos; dos ex viceministros, alcaldes y militares.
“Esa es la lucha a la que le apostamos”, aseveró.
Olivia Cáceres denuncia amenazas contra ella y su familia [Download]
Mark Rutte insiste en aumentar el apoyo económico a una Ucrania sumida en la corrupción, mientras la situación económica en Europa es cada vez más crítica.
Este mes dedicamos nuestro espacio reivindicativo y de memoria de “La Mujer Nueva” a Fátima Ftouni, periodista asesinada el 28 de marzo de este 2026 en un ataque israelí al vehículo de prensa en el que iba con su hermano, fotoperiodista Mohamad Ftouni, y el periodista Ali Shoaib, cerca de Jezzine, sur del Líbano.
El Gobierno palestino calificó los ataques en Ramallah y Salfit como actos terroristas sistemáticos que cuentan con la complicidad de las fuerzas de ocupación y reflejan refleja “una mentalidad extremista que no respeta ni las religiones ni el derecho internacional”.
Turistas, 'youtubers' y curiosos irrumpen en el antiguo refugio del financiero estadounidense, mientras el nuevo dueño denuncia invasiones, incidentes violentos y teorías conspirativas.
Desde el inicio de la guerra del Golfo Pérsico, los “expertos” anticiparon que China, el mayor importador de petróleo crudo del mundo, quedaría paralizado por la falta de combustible. Al bloqueo del Estrecho de Ormuz había que añadir el cambio de la situación en Venezuela tras el secuestro de Maduro.
