El líder norcoreano, Kim Jong-un (dcha.), durante un desfile militar en Pyongyang, capital de Corea del Norte, 15 de abril de 2017.
“Nuestro pueblo seguirá con los enérgicos esfuerzos para desarrollar las relaciones de amistad entre los dos países, lo que contribuirá al afianzamiento de la paz y la seguridad”, destacó el miércoles el periódico oficial norcoreano Rodong Sinmun.
El anuncio se produce en el 17º aniversario de la firma de la declaración conjunta sobre los principios del desarrollo de las relaciones para reforzar la cooperación entre Moscú y Pyongyang.
El presidente ruso, Vladimir Putin, visitó Pyongyang (capital norcoreana) los días 19 y 20 de julio de 2000, en su primer periodo presidencial, y mantuvo un encuentro con el entonces líder norcoreano, Kim Jong-il.
En este sentido, la fuente norcoreana hizo hincapié en que la firma de este “documento histórico” es de suma importancia para el reforzamiento de los lazos Moscú-Pyongyang, así como para el establecimiento de la paz tanto en la región de Asia-Pacífico como en toda la comunidad internacional.
La disposición de Corea del Norte a acercarse a Rusia se produce en momentos de alta tensión en la península coreana tras el lanzamiento, el pasado 4 de julio, por parte de Pyongyang, de un misil balístico intercontinental (ICBM, por sus siglas en inglés).
El pasado mes de junio la embajadora de EE.UU. ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Nikki Haley, dijo que Washington teme que Rusia proporcione apoyo a Corea del Norte y rellene el vacío dejado por China.
A su vez, el presidente ruso cree que el mundo, en lugar de amenazar, debería hablar con Corea del Norte y tilda de “inaceptable” intimidar a Pyongyang por sus ensayos misilísticos.
Tras 33 años en los que el país caribeño ha sido considerado un patrocinador del terrorismo por el Gobierno de los Estados Unidos, el Estado cubano ya no realiza ninguna actividad que incluso merezca le sea dedicado un capítulo en el informe anual del Departamento estadounidense de Estado sobre países patrocinadores del terrorismo.
«Se evaluó que no había suficiente información allí para proporcionar un informe este año sobre Cuba», dijo el miércoles Justin Siberell, coordinador interino del Departamento estadounidense de Estado para la lucha antiterrorista, citado por el diario estadounidense Miami Herald.
Este hecho se produce después de que el informe de 2015, publicado en junio de 2016, incluyera varios párrafos sobre Cuba en la sección sobre el Hemisferio Occidental, aunque en los mismos no se expresó preocupación alguna en torno a la cuestión de que se desarrollara algún tipo de actividad terrorista en la isla o que esta nación latinoamericana apoyara el terrorismo, por lo que, en ese entonces, ya se dejó fuera a La Habana de la lista negra.
No obstante, el informe de 2016, publicado el miércoles, en modo alguno menciona al país caribeño, ya que, conforme a lo declarado por Siberell, el Departamento de Estado de EE.UU. no encontró información relevante sobre Cuba.
Mencionar que EE.UU. y Cuba iniciaron a finales de 2014 un proceso para normalizar sus relaciones bilaterales tras más de medio siglo sin lazos diplomáticos. Ambas partes rubricaron más de 20 acuerdos en áreas económicas, migratorias, así como de seguridad marítima y de protección ambiental.
Más de 40.000 civiles murieron a raíz de los combates en la ciudad iraquí de Mosul, afirma la inteligencia kurda en su informe.
«La inteligencia kurda cree que más de 40.000 civiles resultaron muertos a raíz de ataques masivos contra ellos», dijo el exministro de Economía y Exteriores de Irak, Hoshyar Zebari, citado por el diario The Independent.
Explicó que la gente fue atacada por unidades terrestres del Ejército iraquí. Además, sufrió bombardeos aéreos por parte de la coalición liderada por EEUU y ataques de los terroristas de Daesh (grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países).
Zebari señaló que el mayor número de muertos y destrucciones lo provocaron los bombardeos en masa por parte de las unidades gubernamentales.
El diario indicó que las estimaciones de la inteligencia kurda superan considerablemente las cifras de las que hablaban antes otros grupos.
La ciudad de Mosul, el principal bastión iraquí de Daesh, estaba ocupada por los terroristas desde mediados de 2014. En octubre de 2016, inició una operación terrestre a fin de liberar la ciudad. En ella participaron las tropas del Ejército iraquí, las milicias kurdas y la coalición internacional encabezada por EEUU que les apoyaba desde el aire.
El pasado 9 de julio se anunció la liberación de la localidad de los terroristas, aunque los tiroteos aislados seguían produciéndose.
El programa de la CIA, dedicado a armar y entrenar tropas de los rebeldes en Siria, ha sido suspendido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según informó hoy el diario The Washington Post.
La Agencia Central de inteligencia (CIA) apoyó este programa desde su creación en 2013 y tuvo un papel clave en la política del expresidente Barack Obama (2009-2017).
La decisión fue tomada justo antes de la reunión entre Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, el 7 de julio en Hamburgo (Alemania), en el marco de la cumbre de líderes del G20.
Después de ese encuentro, Trump y Putin anunciaron un alto al fuego en el suroeste de Siria, en las provincias de Al Sueida, Al Quneitra y Deraa, cercanas a la frontera con Jordania y donde los rebeldes sirios apoyados por la CIA desarrollaban desde hace tiempo sus actividades.
Según los funcionarios anónimos citados por el Post, la decisión de poner fin al programa secreto de la CIA no era una condición para las negociaciones para el alto al fuego, que se desarrollaron durante semanas entre los Gobiernos de Rusia, Jordania y Estados Unidos.
Mientras, la decisión de Trump no afectará a otro programa que lleva a cabo el Pentágono para entrenar a los rebeldes que se enfrentan al grupo yihadista Estado Islámico (EI).
El expresidente de Brasil y líder del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva.
El Banco Central de Brasil ha congelado los bienes de Luiz Inácio Lula da Silva tras recibir una solicitud del Ministerio Público Federal (MPF) en ese sentido, y después de recibir una orden para ello del juez federal de Brasil Sergio Moro, según ha informado este miércoles dicho ente financiero.
Así pues, han sido confiscados por el Banco Central tres apartamentos, terrenos y dos vehículos, que supuestamente pertenecen al líder del Partido de los Trabajadores (PT). Este bloqueo afecta, asimismo, a cuatro de sus cuentas, en las que, en total, estaban depositados 606.727 reales (unos 192.002 dólares), conforme indicó la propia entidad.
De acuerdo con los tribunales, la intención de ese bloqueo es «garantizar» recursos para eventuales sanciones pecuniarias que le serían aplicadas a Lula en caso de que la sentencia sea confirmada por un tribunal superior.
Lula, quien ha negado todos los cargos, sostiene que es inocente y víctima de una «persecución política y judicial» que tendría como objetivo impedir que se presente de nuevo a la Presidencia del país, que ejerció entre 2003 y 2011, en las elecciones del año próximo.
Sus aspiraciones, sin embargo, dependerán del fallo en segunda instancia, pues si la sentencia dictada por Moro fuera ratificada, las leyes electorales le impedirían presentarse a cualquier cargo público. En este contexto, cabe añadir que la corrupción entre los políticos de Brasil —desde la revelación de corrupción en Petrobras— ha generado una crisis que hace tambalear la gobernabilidad en este país.
Recordemos que tras 14 meses en el poder, un proceso de impeachment (juicio político) sacó del poder a la izquierdista Dilma Rousseff (2010-2016); el destino de su sucesor en el cargo, Michel Temer, es incierto y depende de un juicio sobre su implicación en un delito común.
La representante del pueblo mapuche ante las Naciones Unidas, Flor Calfunao Paillalef, premio de Derechos Humanos de la Ciudad de Ginebra 2008
Ginebra, Suiza, 19 de julio de 2017.- La representante del pueblo mapuche ante las Naciones Unidas, Flor Calfunao Paillalef, premio de Derechos Humanos de la Ciudad de Ginebra 2008, vive horas extremadamente difíciles. Su demanda de asilo político ha sido rechazada y, por ende, la situación migratoria en Suiza aparece fragilizada. Este martes 18 de julio de 2017 le retiraron su permiso provisorio de residencia. Las autoridades competentes no brindan explicaciones públicas sobre el caso.
Su entrega hacia la causa mapuche fue reconocida por Ginebra en 2008 con el Premio oficial “Mujer Exiliada, Mujer comprometida”. Entre la “gloria” de entonces y su inseguridad actual, se interpone un trámite migratorio que pende como la espada de Damocles.
La historia de resistencia de esta mujer mapuche arranca desde su cuna. Su relación con Suiza data de casi veinte años, cuando se estableció en Ginebra. Miembro de una familia perseguida y agredida, parte de una comunidad históricamente amenazada del sur de Chile, Flor Calfunao Paillalef es la Apo-Werken (embajadora) del pueblo mapuche ante las Naciones Unidas.
Asilo político denegado
Según informaciones publicadas por diversos cotidianos nacionales a fines de junio, la solicitud de asilo político presentada por Calfunao Paillalef ante las autoridades suizas en 2008 fue rechazada. Después de casi 9 años, una amenaza de expulsión pesa sobre ella. Pospuesta, por el momento, por un recurso jurídico a la espera de una decisión definitiva, aunque el martes 18 de julio le retiraron ya su permiso provisorio de residencia.
Ante la demanda de información a la Secretaria de Estado para la Migración sobre las causas de ese rechazo y la posibilidad o no de una expulsión, la respuesta es lacónica: “por razones de protección de la privacidad, la Secretaría no da informaciones sobre casos individuales”.
Comunidad mapuche reprimida
“La realidad cotidiana de mi familia y mi comunidad en el sur de Chile, es cada día más grave”, subraya Flor Calfunao Paillalef en entrevista exclusiva. Lejos de mejorar, con el tiempo se va empeorando, insiste.
La criminalización de la lucha por la tierra ancestral, la denigración cultural, la persecución, la represión con alevosía, son las constantes cotidianas, afirma Calfunao Paillalef. Quien no demora un instante en dar ejemplos que fundan sus afirmaciones.
Uno de ellos, que tuvo repercusión internacional, fue la agresión a fines de enero de este año de fuerzas de seguridad a su comunidad y en la cual resultó seriamente herido su sobrino Waikilaf Cadin Calfunao, hijo de su hermana Juana, *Lonko* (autoridad tradicional) de la Comunidad Juan Paillalef, ubicada en la Comuna de Cunco, Araucania.
Tal como lo constataron diversos medios helvéticos, el joven que fue atendido por especialistas en Suiza algunos días más tarde de la agresión, tenía decenas de perdigones incrustados en articulaciones en diversas partes del cuerpo, en especial en su pierna izquierda.
“Denunciamos el caso de mi sobrino en la última reunión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en abril pasado. Constituye un ejemplo emblemático porque a pesar de su juventud ha tenido ya 90 causas judiciales en su contra y 60 detenciones arbitrarias, muchas de ellas con maltrato y tortura comprobadas, subraya la dirigente indígena”, subraya la representante mapuche. Quien recuerda que la casa de su familia fue destruida en tres ocasiones por desconocidos y ha sufrido contantes allanamientos policiales.
“Esa represión aumenta cada día”, enfatiza. E insiste en que el suyo es un pueblo históricamente reprimido y hoy criminalizado. Expuesto desde siempre a una política sistemática de exterminio. “La que se manifiesta a diario en el comportamiento agresivo de médicos, policías, gendarmes, todos de origen colono que nos miran con desprecio”. A pesar de “nuestra resistencia ancestral y actual, pagamos un precio muy caro por nuestra falta de visibilidad mapuche”, señala.
Y de ahí la importancia de su presencia al frente de la Misión Mapuche ante las Naciones Unidas. “Fui designada por un Consejo de Lonkos en septiembre de 2011 como Apo-Werken (
embajadora) del pueblo mapuche en las instancias de la ONU en Ginebra”, lo que abre una ventana de información y denuncia internacionales en coordinación con otros mapuches, sobre la cruda realidad que vive mi pueblo, enfatiza Flor Calfunao Paillalef.
Medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La situación de inseguridad de la familia Calfunao ha traspasado las fronteras chilenas y constituye un caso asentado en la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En octubre del 2015 el organismo internacional solicitó “medidas cautelares”, es decir de protección, para Juana Calfunao y su familia. En su fundamentación, el organismo interamericano se remonta a hechos acaecidos ya en el año 2000, cuando “agentes de seguridad pública golpearon a Juana Calfunao, a pesar que se encontraba embarazada, lo que provocó la pérdida de su bebé”. Las violaciones de derechos humanos han continuado hasta la actualidad, según lo constata el organismo.
Sin respuesta de parte del Estado chileno, la CIDH amplió en febrero del 2016 dichas medidas cautelares a través de la Resolución 33/2016 a otros miembros de la familia de la lideresa mapuche, expuesta en primera línea por su lucha por el territorio ancestral de su pueblo. El organismo reconoce también la situación de “gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad se encontrarían en peligro”, según lo expresa en un documento de seis páginas firmado por Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta.
Es importante recordar, subraya Flor Calfunao, que en dicha resolución la CIDH enfatiza que “los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a gozar del control efectivo de sus tierras “…y de liberarse de aquellos que intenten ocupar sus territorios.
“No pueden privar al pueblo mapuche de tener una voz en la ONU”
“No tengo miedo…, quiero seguir luchando junto a mi pueblo. Así como en marzo de 1923, el gobierno suizo permitió que el Jefe Iroqués Cayuga Deskaheh, en un acto público, se digiera al pueblo de Ginebra, después de que la Sociedad de Naciones se negara a escucharlo, hoy Suiza nuevamente debería reafirmar su compromiso con los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas con medidas concretas y no coartando la libertad de expresión del pueblo mapuche en las Naciones Unidas”, subraya.
Su inseguridad migratoria actual, si bien la preocupa, no la atemoriza. “Me preocupa que en caso que Suiza decida expulsarme le esté haciendo un gran daño a todo mi pueblo”, enfatiza Flor Calfunao.
Y el argumentario fluye de inmediato. “Una decisión de este tipo le privaría a la nación mapuche de un palco de denuncia y de visibilidad internacional, al negarnos su representación ante las Naciones Unidas”.
Riesgo que ha provocado la movilización de numerosas organizaciones internacionales apoyo a los pueblos autóctonos, quienes han lanzado una petición en línea (ver al pie de la nota). La misma, que a inicios de julio contabilizaba casi mil firmas, solicita a las autoridades helvéticas que concedan el asilo a la representante mapuche. “Constato un notable apoyo internacional e incluso representantes de tres Estados han suscrito una carta en el mismo sentido”, subraya.
Es paradójico, señala Calfunao Paillalef, “que Ginebra me galardonara en el 2008 con el premio de los derechos humanos, sin preguntarme entonces si estaba legal o no en Suiza”. Y que ahora, “las autoridades migratorias amenacen con expulsarme”.
Una paradoja de complejo código de interpretación. O tal vez, sin ninguna clave de racionalidad. Lo que es cierto, como lo afirma a nivel de conclusión la representante mapuche en la ONU, “que, si me expulsan a Chile, corro riesgos en cuanto a mi vida, mi seguridad y mis derechos. Toda mi familia y mi pueblo son sistemáticamente maltratados. Y la comunidad internacional tiene sobradas pruebas de esta realidad”.
Petición a favor de la no expulsión de Suiza de Flor Calfunao Paillalef:
Caracas, 19 jul. 2017, Tribuna Popular TP.- El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) rechaza el irresponsable llamado a “paro nacional” o “huelga general” que hacen políticos de la derecha opositora con la finalidad de propiciar un golpe de Estado, una guerra civil o una intervención extranjera.
Llamamos a los trabajadores y trabajadoras a no acatar esa convocatoria, que forma parte de un plan antidemocrático y antinacional diseñado por el imperialismo estadounidense, lo que queda en evidencia con el más reciente pronunciamiento del Gobierno de los EEUU.
Instamos a las organizaciones sindicales, a los delegados y delegadas de prevención, a los consejos de trabajadores(as), a los frentes, movimientos y corrientes de la clase trabajadora venezolana, a no ceder al chantaje de la violencia y del terror fascista y realizar una intensa campaña en los centros de trabajo y en la calle para derrotar la pretensión de paralizar el país con propósitos antipatrióticos y desestabilizadores.
Todo ese plan es contra el pueblo trabajador y en favor de los grandes capitalistas, particularmente estadounidenses y europeos, que solo persiguen apropiarse de los recursos estratégicos de nuestro país y liquidar los derechos laborales, sociales y políticos del pueblo. Por eso debemos luchar y trabajar intensamente para que la clase obrera y el pueblo trabajador en general tome la conducción nacional, ante el fracaso del reformismo entreguista y ante la amenaza fascista-imperialista. Con ese propósito llamamos a participar en el proceso constituyente y apoyar las opciones más consecuentes del movimiento obrero, campesino y popular revolucionario
La información sobre las instalaciones militares estadounidenses se infiltró en los medios en el contexto del deterioro de las relaciones bilaterales entre Washington y Ankara después de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, aprobara los suministros de armamento a los kurdos sirios.
Según el medio, dos bases aéreas, que se ubican en la zona de Rmeilan y en la provincia de Hasaka, funcionan desde 2015.
Asimismo, en marzo de 2016 se inauguró la base abierta para el despliegue de helicópteros en el barrio de Harab Isk, de la ciudad de Kobane. Esta instalación sirve como punto de tránsito en una de las rutas de suministro de la ayuda militar a los kurdos sirios.
Además, Anadolu menciona tres otras bases militares en la provincia de Hasaka. En una de ellas están desplegados 100 soldados estadounidenses, otra cuenta con la presencia de 150. Están destinadas para la lucha contra Daesh, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países.
Dos puntos más se sitúan en la ciudad de Manbij, y tres bases más en la provincia de Al Raqa. Se utilizan para el transporte de equipos a las fuerzas kurdas, así como el centro de comunicación de la coalición internacional, liderada por EEUU.
El medio indica que las bases estadounidenses están clasificadas y se consideran como ‘zonas cerradas’. Además, están equipadas con baterías de artillería, sistemas de fuego de salva, sistemas móviles de reconocimiento y vehículos blindados, incluido el vehículo Stryker.
Según la postura oficial de Ankara, las agrupaciones kurdas en Sira están vinculadas con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), calificado por Turquía y EEUU como terrorista.
Afnan Fawaz, de 14 años, recibe tratamiento en el Hospital Al-Jumhouri, apoyado por UNICEF.
Yemen, 19 de julio de 2017.- La Agencia de la ONU para los Refugiados se dijo muy preocupada por el bombardeo aéreo cometido el martes por la tarde contra un grupo de desplazados en la localidad yemení de Mawza y urgió a las partes enfrentadas a proteger a los civiles.
Las cifras preliminares indican que al menos 20 personas murieron, entre ellas varias mujeres y niños. Se cree que la mayor parte de las víctimas pertenecía a una misma familia.
El portavoz de ACNUR en Ginebra, William Spindler, aseguró que se está investigando lo ocurrido y que aún no se puede determinar quién es responsable del ataque. En cualquier caso, recordó que la protección de la población civil es una obligación reflejada en las leyes internacionales.
«Llamamos a todas las partes del conflicto a hacer todo lo posible para evitar la muerte de civiles y no atacar instalaciones ni infraestructura civil», dijo.
Según ACNUR, las víctimas se habían desplazado de la localidad de Al Mokha a Mawza, ambas en el noreste de Yemen, para huir de la violencia.
El conflicto en el país ha desarraigado ya a dos millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente
La sentencia judicial dictada en primera instancia contra Luiz Inácio Lula da Silva por presuntos actos de corrupción y lavado de dinero abre la posibilidad de encarcelar al ex presidente de Brasil hasta por nueve años y medio. Si esta condena es ratificada en segunda instancia Lula perdería sus derechos políticos y ya no podría presentarse como candidato en la elección presidencial de 2018.
América Latina está en riesgo de volver a convertirse en el “patio trasero” de Estados Unidos en caso de que las fuerzas conservadoras consoliden su poder dentro del Gobierno brasileño. Luego de la destitución parlamentaria de la presidenta Dilma Rousseff, ahora buscan encarcelar a la máxima figura del Partido de los Trabajadores (PT).
El Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research) publica en exclusiva la entrevista que Ariel Noyola Rodríguez realizó a James Petras, sociólogo estadounidense y asiduo estudioso de la política exterior de Estados Unidos y la realidad latinoamericana. Petras considera que Lula necesita convocar a la sociedad brasileña a la movilización, o de lo contrario, será encarcelado. Una vez aplacado Brasil, ya nada impedirá que Estados Unidos tenga el control absoluto de toda la región.
Ariel Noyola Rodríguez (ANR).- ¿Cuál es tu lectura de la sentencia judicial en contra del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva? ¿Consideras que es parte de una estrategia que busca inhabilitar a Lula como candidato a la presidencia de Brasil para 2018?
James Petras (JP).- Así es, la derecha brasileña está intentando imponer a toda costa un Gobierno neoliberal con el objetivo de revertir las medidas progresistas conseguidas en Brasil durante los últimos años. El proceso judicial en contra de Lula está muy contaminado. No hay ninguna prueba contundente que ponga en evidencia que el ex presidente brasileño esté efectivamente involucrado en actos de corrupción. Son acusaciones sin sustento. Dicen que él recibió un lujoso departamento, sin embargo, no existe ningún contrato firmado.
Por eso creo que las acusaciones contra Lula son más bien instrumentos políticos para que Michel Temer, el golpista que ahora ocupa la presidencia, siga desmantelando todos los logros alcanzados por los Gobiernos del PT. Lo que Temer está haciendo es reducir el gasto público, terminar con los programas sociales, disminuir los salarios de los trabajadores, privatizar las empresas estatales y eliminar los subsidios. En suma, el actual Gobierno brasileño quiere acabar con todo rastro del Estado de bienestar.
Un primer paso de esta ofensiva fue la destitución de Dilma el año pasado. Y ahora quieren encarcelar a Lula. Toda esta estrategia, repito, viene acompañada de una política económica que busca colocar a las mayorías en la marginalidad. En el plano internacional, esta ofensiva significa la subordinación de Brasil a los mandatos de una potencia imperial, y no solamente me estoy refiriendo a Estados Unidos, sino también a la Unión Europea.
Considero que el encarcelamiento de Lula podría cambiar la correlación de fuerzas en todo el continente latinoamericano. Una vez que Estados Unidos consiga controlar Brasil de manera definitiva, como ya ha sucedido con Argentina bajo la presidencia de Mauricio Macri, entonces será mucho más fácil llevar adelante la dominación de todo el continente.
ANR.- Los Gobiernos del PT, en alguna medida, fortalecieron soberanía nacional y regional a través del impulso de las empresas brasileñas, el lanzamiento de un programa de seguridad y defensa propio e, incluso, revivieron la idea de un desarrollo nuclear con autonomía. En este sentido, ¿Consideras que Estados Unidos formó parte de esta ofensiva contra los Gobiernos del PT?
JP.- Es fundamental comprender que Washington no estuvo fuera de los círculos de poder en América Latina durante todo este tiempo. Tenemos que reconocer que el presidente Lula y otros dirigentes de corte progresista, mantuvieron una política que, en buena medida, compartió el ejercicio del poder con las empresas multinacionales, los inversionistas de Wall Street y las cúpulas militares. Los mandatarios progresistas nunca apostaron por una ruptura radical con el viejo régimen, no desafiaron de modo abierto a Estados Unidos.
Varios presidentes latinoamericanos pensaron que podían tejer algunas alianzas con Washington a fin de ganar de influencia y, de esta manera, hacer avanzar sus agendas sociales sin colisionar con los norteamericanos. Utilizaron estas alianzas con la Casa Blanca como una táctica desde finales del siglo pasado, en plena crisis del neoliberalismo. Al final de cuentas ellos pensaron que resultaba mejor compartir el poder en lugar de lanzar una ofensiva más radical pero que podría poner en riesgo su permanencia en el Gobierno.
Para James Petras, los Gobiernos progresistas de América Latina tejieron alianzas alianzas con Washington a fin de hacer avanzar sus agendas sociales. En la imagen, los ex presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda) y de Estados Unidos, Barack Obama (derecha)
Sin embargo, si lo observamos desde la perspectiva de la Casa Blanca, la situación fue muy diferente. Esta táctica fue usada por Estados Unidos para reorganizarse, acumular fuerzas y, llegado el momento indicado, lanzar un contraataque. En este sentido, hay que aceptar que los Gobiernos progresistas de América Latina cometieron un error muy grave, en términos tanto tácticos como estratégicos: desmovilizar a las masas populares.
Los mandatarios de los Gobiernos progresistas creyeron que iban a tener la capacidad de mantener bajo control la injerencia de Estados Unidos en la región latinoamericana únicamente sentándose a negociar, haciendo uso de la vía diplomática. Lamentablemente una vez desmovilizadas, las masas populares ya no tuvieron la fuerza suficiente para hacer frente a esta nueva ofensiva de Estados Unidos.
Los Gobiernos progresistas pudieron haber aprovechado la posición de fuerza de la gozaron en un principio para tomar todo el poder en sus respectivos países y poner fin al intervencionismo. Pero esto no sucedió y ahora estamos siendo testigos de las consecuencias: el Gobierno de Estados Unidos otra vez está ganando presencia en América Latina, incluso socavando alianzas regionales importantes como el Mercado Común del Sur (Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela).
No estamos hablando simplemente de un ataque contra la soberanía de un solo país, se trata de una gran ofensiva que vulnera la soberanía de toda América Latina, es la integración regional la que está en juego. En estos momentos Estados Unidos quiere aplastar a Brasil, y luego seguirá con Venezuela; lo que intenta es tener a todo el continente bajo control. Washington busca garantizar para sus empresas el suministro de recursos naturales estratégicos e incrementar su dominación sobre los mercados. El apetito por el petróleo es la razón que está detrás del hostigamiento en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.
Estados Unidos libra una guerra de conquista contra la región. Pienso que Washington quiere montar una versión latinoamericana de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para vencer cualquier tipo de resistencia que ponga en cuestión su hegemonía. Una “OTAN latinoamericana” encabezada por Estados Unidos es un proyecto que luego sería reproducido en otras partes del mundo, en el Medio Oriente y Asia por ejemplo, para socavar la influencia de China, Rusia e Irán y otros países que no se han sometido a los lineamientos de la política exterior norteamericana.
México es el gran laboratorio de Estados Unidos para dominar toda América Latina. En México la policía federal y los militares que están en guerra contra el narcotráfico actúan siempre en coordinación con el Gobierno de Estados Unidos. Para Washington es decisivo contar con el apoyo de políticos corruptos y empresarios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) es un claro ejemplo de integración subordinada. Y este modelo es el que Estados Unidos pretende extender a toda la región.
ANR.- ¿Qué futuro político avizoras para Brasil en caso de que Lula sea encarcelado? La sociedad brasileña parece desencantada con buena parte de la clase política. Si las elecciones carecen de legitimidad ¿Consideras que existe alguna otra forma de encauzar todo este descontento social?
JP.- Mira, la lucha de la sociedad brasileña por recuperar la capacidad de dirigir su propio destino no pasa únicamente por la vía electoral. En estos momentos la derecha controla el Congreso, el poder judicial está sometido y las leyes se manipulan de forma arbitraria. Pienso que la única vía hacia la transformación es impulsar una ruptura radical con el viejo régimen. Es fundamental una movilización constante y prolongada. Hasta ahora Lula se ha venido apoyando en sus abogados y los congresistas de su partido, sin resultados favorables.
Es evidente que esta batalla no se va a ganar a través de procesos judiciales pues no hay imparcialidad. Si la vía electoral es cancelada, entonces sólo queda convocar a una huelga general, paralizar las oficinas del Gobierno y detener el sistema transporte. O Lula sale a las calles y convoca a la movilización popular, o terminará en la cárcel. No hay otro camino.
A juicio de Petras, la única forma de evitar que Lula pise la cárcel es a través de la movilización popular, pues en la actualidad la aplicación de la ley carece de imparcialidad
Es cierto que existen muchos obstáculos. En Brasil la guerra mediática es tremenda. Pero el poder de los medios de comunicación tiene límites. Hemos visto que los grandes medios de comunicación estaban en contra del comandante Hugo Chávez, y los venezolanos lo respaldaron; y lo mismo sucedió con el ex presidente argentino Néstor Kirchner. Incluso hay que recordar que varios medios de información como O Globo estaban en contra de que Lula fuera presidente en 2002, y la sociedad brasileña terminó por imponer su voluntad.
Los medios de comunicación solamente consiguen tener un impacto significativo cuando la sociedad está en la inercia y los políticos se apoyan fundamentalmente en la institucionalidad. Pero en el momento en el que la gente siente que no tiene otra alternativa, cuando su situación económica está en franco deterioro, la influencia de los medios de comunicación ya no es determinante para dictar el rumbo de un país.
ANR.- Un verdadero honor conversar contigo James, gracias por concederme esta entrevista.
James Petras
Ariel Noyola Rodríguez
James Petras:Sociólogo egresado de la Universidad de Boston. Fue miembro del Tribunal Russel contra la represión en América Latina (1973-1976), junto a Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, entre otros. También participó en la Liga para los Derechos de los Pueblos. Activista de renombre internacional, conocido por sus estudios sobre el imperialismo, la lucha de clases y los conflictos latinoamericanos con más de 30 libros y cientos de artículos publicados.
Ariel Noyola Rodríguez:Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Corresponsal del Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research) en América Latina. Forma parte de varios Grupos de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El Club de Periodistas de México lo ha galardonado en dos ocasiones con el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Mejor Análisis Económico y Financiero.
La fuente original de este artículo es Globalización
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha declarado que la Federación Rusa seguirá desarrollando complejos de misiles capaces de superar todos los sistemas de defensa antimisiles (DAM) actuales y futuros.
El Ministerio Cubano de Cultura invitó al IX Festival Internacional José Manuel Vázquez del Rey, dedicado a los instrumentos de viento-madera, que tendrá lugar del 15 al 17, en la central provincia de Cienfuegos.
Irán es, por supuesto, la clave (en la reunión de Trump con Xi) sobre todo al mostrar a todo el planeta las enormes deficiencias estructurales del Imperio…
De acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, se trata de pruebas no explosivas que, de igual modo, permiten asegurarse de la fiabilidad del arsenal nuclear y de sus componentes.
